Gestionar las bajas laborales

Hace un par de semanas, el Govern de la Generalitat retiró su plan de incentivar económicamente a los CAP y a sus facultativos si aceleraban la realización de pruebas que permitiesen acortar los tiempos de baja. Era un proyecto circunscrito a patologías (por salud mental y osteomusculares) en las que el retraso en los diagnósticos hace que pacientes se queden a la espera de ellos, a veces innecesariamente, para obtener el alta. La propuesta suscitó el rechazo de organizaciones médicas, de partidos de la oposición y de socios del Govern, que consideraron que primaba criterios economicistas a los médicos. Pero una vez retirado el proyecto, el problema persiste. Porque de hecho, la disfunción específica que se quería abordar forma parte de un motivo de preocupación más amplio en el que confluyen la falta de recursos desde la Administración para tramitar las incapacidades por causa médica y su aumento en los últimos años, que nadie puede negar. Sea por el envejecimiento de plantillas, el aumento de la sensibilidad ante la salud mental (y de la incidencia de estas dolencias) o, según insisten las patronales, el uso a veces fraudulento de esa sensibilidad.

Hoy explicamos que la plantilla de médicos dedicados a revisar altas y bajas del Institut Català d'Avaluacions Mèdiques (ICAM) es de 80 plazas. Esa desproporción entre recursos y necesidades –solo se llegan a revisar un 7,5% de los 2,3 millones de bajas anuales– ha llevado al Govern a plantear un plan de reforma de este servicio que pase por un incremento de personal, la implantación de nuevas tecnologías con ayuda de la IA para cribar de formar más eficaz los casos acumulados, y movilizar recursos de las mutuas con un plan piloto para agilizar las pruebas diagnósticas en traumatología.

En la gestión de las bajas, y de su incremento progresivo (del 2,1% al 4,5% desde 2018 entre la población activa española desde 2018) entran en conflicto intereses, ópticas y criterios contrapuestos. Patronales como Foment alertan de que la ausencia de 1,5 millones de personas al día de su lugar de trabajo tiene un coste del 3,1% del PIB, mientras que los sindicatos critican el uso del término "absentismo" para calificar bajas médicas justificadas. La diferencia de la incidencia de bajas entre trabajadores públicos y privados hace legítimo plantearse sobre la existencia de distintos niveles de exigencia para solicitar y obtener la baja (o de presión para hacer justo lo contrario). Los criterios de los profesionales de la atención primaria, las mutuas y la inspección entran también en conflicto: mientras los primeros cuentan con un conocimiento directo de las circunstancias del paciente y consideran que la supervisión de su criterio los minusvalora, esta revisión es ajena a la relación entre médico de cabecera y paciente que puede influir en la decisión de mantener una baja. Al mismo tiempo se suceden las quejas por casos en que bajas sostenidas con informes médicos se descartan de forma expeditiva. Y mientras las patronales reclaman un mayor poder de decisión para las mutuas a la hora de conceder bajas para agilizar el sistema, solo una aún mayor disponibilidad de medios para organismos como el ICAM para arbitrar los casos en discusión permitiría despejar dudas sobre los posibles sesgos que se pudieran producir.

La conciliación entre intereses contrapuestos a partir de criterios médicos objetivos requiere un arbitraje que no es posible con los medios disponibles hoy. Y condicionar la financiación a la eficiencia no tiene por qué ser objeto de sospecha. Sobre todo si esa aportación de recursos depende del incremento de actividad realizada para cribar de forma informada entre los casos acumulados, más que del resultado concreto de este chequeo en forma de altas.