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Opinión | CORTO Y AL PIE
Gemma Martínez

Gemma Martínez

Directora adjunta de EL PERIÓDICO DE CATALUNYA

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El gran apagón de España: doce meses de opacidad y lentitud en las investigaciones

Vecinos de Poblenou escuchan una radio a pilas en la calle, para mantenerse informados, la tarde del gran apagón

Vecinos de Poblenou escuchan una radio a pilas en la calle, para mantenerse informados, la tarde del gran apagón / Ferran Nadeu

Un país entero no debería quedarse a oscuras sin una explicación completa de lo ocurrido. Eso fue exactamente lo que sucedió en España el 28 de abril de 2025, hace casi un año. Durante horas, millones de ciudadanos y empresas se quedaron sin suministro, un fallo de gran escala en un sistema eléctrico tan avanzado como el español, que presumía de fiabilidad. Doce meses después, lo que debería ser un caso cerrado sigue abierto en lo esencial. No existe una explicación completa y clara de los hechos ni tampoco un relato coherente que permita entender qué falló y en qué punto de la cadena. 

A esta opacidad se suma otro factor inquietante: la lentitud. Las investigaciones avanzan a cámara lenta en todos los frentes, tanto en el ámbito político como en el judicial. Mientras, empiezan a aflorar las primeras reclamaciones de daños por empresas afectadas, como Moeve, Repsol e Iryo, según informó ayer El País. El contraste es evidente. Los perjuicios afloran, pero siguen sin concretarse unas responsabilidades que están repartidas y que obligan a todos. El Gobierno debe asumir el liderazgo, dar explicaciones públicas a la altura del impacto y que sean comprensibles. La CNMC, por su parte, ha de trasladar conclusiones sin zonas grises. Red Eléctrica tiene que reconstruir los hechos con precisión técnica y hacerlos entendibles, del mismo modo que las empresas eléctricas han de aportar los datos necesarios y responder por su actuación. Los informes parciales o las explicaciones fragmentadas son inadmisibles. 

En este contexto, la apertura de expedientes por parte de la CNMC va en la buena dirección, a pesar de que la información disponible sobre estas sanciones es limitada. 

El apagón se ha convertido en un test sobre la calidad institucional. La falta de explicaciones suficientes erosiona la confianza en el sistema eléctrico y debilita la credibilidad de aquellos que deben garantizar su buen funcionamiento. Un país como España no puede permitirse un gran apagón sin respuestas claras. Y mucho menos, un año después. 

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