María Guardiola, un compromiso flexible

De nuevo las palabras y los conceptos. La “prioridad nacional” se ha colado en el argot político de la mano de Vox. Otro gol semántico de la derecha radical, muy hábil en este menester, que obliga al resto de los partidos a entrar al trapo utilizando la expresión, aunque sea para matizarla, denunciarla o condenarla por ilegal. Pero ahí está. En boca de todos porque, además, envuelve una falacia asumida por buena parte de la ciudadanía desde hace tiempo: la concesión de ayudas sociales discrimina a los españoles.

Para Santiago Abascal es de sentido común revertir una situación que contraviene lo escrito en la Constitución: “los españoles son iguales ante la ley y lo que ocurre es que ya no lo son”, dijo.

Que los datos oficiales le desmientan poco importa. Lo que le vale es la empatía emocional que la denuncia despierta y el desprecio humano que describe. Más del 82% de los receptores del Ingreso Mínimo vital, por ejemplo, son españoles. También lo son ocho de cada diez perceptores de las prestaciones por desempleo y hay un claro predominio de nacionales entre quienes cobran una pensión no contributiva. Datos de 2025. Y como en todos los casos son las mujeres las que encabezan los listados, el bulo, además, desprende un inequívoco aroma machista.

Coherencia es otra palabra moldeable. Se exige mucho más que se practica y siempre se encuentra alguna excusa para justificar su interesada ductilidad. Aquello del clásico que recomendaba que los hechos vayan de la mano con lo dicho ha quedado para la historia. Especialmente en política.

Nadie puede negar que el presidente Sánchez ha hecho virtud de discutibles necesidades porque lo afirmó él mismo. Tampoco que para conseguirlo se haya contradicho de manera flagrante en cuestiones tan enrarecidas como la amnistía, que siguen sin perdonarle ni la oposición ni algunos poderes del Estado. Pero quienes lanzan la piedra tampoco están libres de una culpa que, en la mayoría de los casos, es de mayor envergadura. Que Ábalos & Cia se hayan lucrado presuntamente de sus cargos es condenable moral y éticamente, con independencia de que lo sea judicialmente. Que se utilice el Ministerio del Interior para hacer desaparecer pruebas de financiación irregular de un partido o espiar a los contrincantes para proteger supuestamente al Estado es, de por sí, harina de otro costal más profundo. Y como la justicia está estos días en todo ello y los afectados son los dos grandes partidos, el tercero aprovecha el momento y se cobra sus intereses a la manera de erosionar su credibilidad y, con ella, la del sistema.

Prioridad nacional y coherencia son palabras recuperadas por la actuación política de María Guardiola Martín (Cáceres, 5 de diciembre de 1978).

Del nivel de congruencia de la renovada presidenta de la Junta de Extremadura hablan los archivos desde la negociación con Vox para su primer mandato. Y aunque el listado es largo, destaca haber pasado del “No puedo dejar entrar en el gobierno a aquellos que niegan la violencia machista, usan el trazo gordo y deshumanizan a los inmigrantes” a suscribir un acuerdo con ellos para orillar a los últimos.

Puede que la Sra. Guardiola sea lectora del poeta estadounidense Robert Frost y aprendiera de él que “A la pista de tenis se va a jugar al tenis, no a ver si las líneas son rectas”.

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