'Endowment' o el miedo a la libertad científica

Hay una palabra que, cuando aparece en una conversación sobre universidades o centros de investigación públicos en España, genera incomodidad inmediata: 'endowment'. No porque sea un concepto oscuro o especialmente sofisticado, sino porque pone en evidencia una de las grandes debilidades estructurales de nuestro sistema de investigación: la incapacidad de pensar a largo plazo.

Un 'endowment' no es nada más que un fondo patrimonial permanente. Un capital que no se gasta, que se invierte de manera prudente y profesional, y del cual solo se utilizan los rendimientos para financiar actividades estratégicas: talento, investigación de alto riesgo, estabilidad institucional. Es una herramienta habitual en los sistemas científicos más avanzados. Y, aun así, aquí a menudo es visto con recelo.

El primer motivo es cultural. La función pública española ha interiorizado que el dinero se tiene que ejecutar íntegramente dentro del ejercicio presupuestario. Todo aquello que no se gasta genera sospecha. Guardar recursos, aunque sea con una finalidad estratégica y transparente, se asocia a mala gestión. En este contexto, el ahorro inteligente no es visto como una virtud, sino como una anomalía.

A esta visión se añade la lógica anualista del presupuesto público. El sistema está diseñado para gestionar ciclos cortos, con créditos que caducan y remanentes que incomodan. Pero la investigación de frontera no se construye en un año ni en dos. Necesita estabilidad, continuidad y horizontes de diez o veinte años. Un 'endowment' es, por definición, una herramienta pensada para el largo plazo. Y esto choca frontalmente con un aparato administrativo que vive instalado en la urgencia.

Hay también un factor más profundo: el miedo a la autonomía institucional. Un centro que dispone de un 'endowment' reduce su dependencia del presupuesto anual y gana capacidad de decisión propia. Puede definir prioridades científicas, retener talento y asumir riesgos inteligentes. Esto incomoda a un sistema altamente centralizado, donde el control político a menudo pesa más que la confianza en la gobernanza de los órganos científicos.

A todo ello se suma una confusión persistente entre lo que es público y el que es privado. La inversión financiera, aunque sea prudente, regulada y auditada, genera recelos ideológicos. Se confunde invertir con especular. Pero no invertir también es una decisión financiera, y a menudo mala, porque condena a las instituciones a perder capacidad y valor con el tiempo.

Finalmente, hay un problema de incentivos. El sistema de control público penaliza el error, pero no premia la visión estratégica. Autorizar un 'endowment' puede comportar riesgos personales para quienes firman; bloquearlo, no comporta ninguno. El resultado es previsible: la inacción se convierte en la opción racional.

El fondo del problema está claro. La función pública española está pensada para administrar escasez, no para gobernar patrimonio. Y la investigación de excelencia necesita, precisamente, patrimonio: científico, humano y también financiero.

Sin 'endowments', la investigación vive atrapada en la precariedad estructural, dependiente de proyectos competitivos, sin capacidad real de planificación. Con 'endowments', se puede transformar la excelencia científica en capacidad institucional y, finalmente, en impacto económico y social.

Quizás lo que incomoda del 'endowment' no es el concepto en sí, sino el espejo que pone ante el sistema: un espejo que muestra hasta qué punto todavía nos cuesta confiar en las instituciones, pensar a largo plazo y entender que el conocimiento, si no se consolida, se acaba marchando.