Detectar el maltrato infantil

La Conselleria de Salut tiene previsto sancionar a alguno o algunos de los centros por los que pasó el bebé presuntamente maltratado en Barcelona al considerar que hubo fallos en la detección de los indicios de violencia. El departamento da por hecho que debe multar por su actuación al Hospital de Sant Pau y determinar si también procede actuar contra Sant Joan de Déu y el CAP Roger de Flor. Pero sobre todo, asume que debe revisar los protocolos y la formación de los profesionales, con la voluntad de que este caso marque un punto de inflexión en la detección de la violencia infantil. Decisiones todas ellas que suponen el reconocimiento institucional de que, como ya advertimos, debía evaluarse si el sistema no había funcionado como debía en un caso en el que existían indicios suficientes para haber activado antes los mecanismos de protección.

Entre el 1 y el 16 de marzo, el menor fue atendido en un CAP y tres hospitales sin que se activara el protocolo de violencia infantil, pese a presentar signos luego considerados relevantes, como hematomas en zonas sensibles. La explicación de los progenitores, junto con la condición de enfermera de la madre, redujo el nivel de sospecha, mientras que la atención en distintos centros dificultó una valoración global del caso. No fue hasta la segunda visita a Sant Pau cuando, ante la gravedad acumulada de las lesiones, se decidió la derivación al Hospital Vall d’Hebron y la activación del protocolo.

No se trata solo de depurar responsabilidades, sino de revisar protocolos para detectar nuevos casos

En ese momento, los informes clínicos y forenses descartaron un origen accidental o patológico de las lesiones, lo que llevó a la detención de los progenitores y a su ingreso en prisión preventiva, una situación que la Audiencia de Barcelona aún debe revisar. La investigación sigue abierta y ha incorporado nuevas diligencias, entre ellas imágenes aportadas por los Mossos d’Esquadra que la defensa quiere utilizar para cuestionar la hipótesis de agresión sexual. Un elemento que introduce debate en el ámbito judicial, pero que no cambia el hecho de que el menor presentaba lesiones de evolución prolongada que no se detectaron a tiempo.

La propia conselleria ha señalado que “faltó desconfianza”. Se aceptó la explicación de los padres, influida por su perfil y una apariencia de normalidad, lo que redujo el nivel de alerta pese a la existencia de señales que requerían una evaluación más cuidadosa. Y esto no se corrige solo con protocolos, sino reforzando una práctica que, ante la duda, priorice la comprobación de los indicios sobre la aceptación de la primera explicación.

Por ello el caso no se limita a depurar responsabilidades individuales o institucionales. Las sanciones y la revisión de protocolos son necesarias, pero solo tendrán efecto si se traducen en cambios concretos en la detección precoz y en la coordinación entre centros. Salut prevé reforzar la formación y exigir que todos acrediten que sus profesionales reciben preparación continuada en la detección del maltrato infantil. En este sentido, la experiencia británica resulta útil, con equipos especializados en los hospitales, sistemas de intercambio de información entre servicios sanitarios y sociales y criterios que obligan a verificar los indicios y observar el entorno del menor incluso sin pruebas concluyentes. Un enfoque centrado en anticipar riesgos, más que en responder cuando ya son evidentes, que puede ayudar a evitar que casos como este se repitan.