La necesidad de acoger

La legislación española sobre protección de menores establece, en sus más recientes modificaciones, la necesidad de priorizar el acogimiento familiar y de fomentar, especialmente en los menores de seis años, las familias de acogida de urgencia y diagnóstico, la modalidad pensada para los casos más críticos y delicados. El propósito de todo ello es promover la desinstitucionalización en centros y residencias, buscando la integración en entornos familiares, ya sea de la familia extensa de los padres que han perdido la tutela o de familias de acogida que, voluntariamente, se ofrecen para hacerse cargo de estos menores.

El escenario real de las acogidas dista, sin embargo, de las expectativas expuestas en la ley. De los cerca de 9.000 menores tutelados por la Generalitat a través de la Direcció General de Prevenció i Protecció de la Infància (DGGPIA), la nueva nomenclatura de la DGAIA después de la crisis de reputación de 2025, con graves escándalos de gestión y seguridad, solo un 10% vive en las 772 familias en sus casas de acogida, y únicamente hay 87 dedicadas al cuidado de los más pequeños. Desde el Institut Català de l’Acollida i la Infància (ICAA) hace tiempo que se recalca la necesidad de ampliar esta cifra, como mínimo en un 50%, es decir hasta llegar a unas 400 familias más que estén dispuestas a asumir una responsabilidad que, esencialmente, va a favor de la estabilidad de niños y niñas en situación de desprotección. En este caso, el más acuciante, que ha estado de actualidad a partir del bebé maltratado e ingresado en el Hospital Vall d’Hebron, la acogida de urgencia y diagnóstico está prevista de manera temporal por seis meses, para después pasar por un proceso que incluye variantes como el posible retorno a la familia biológica o de proximidad (abuelos, tíos, etc.), el acceso a un régimen de acogida simple o permanente o la adopción.

A pesar de las medidas de choque impulsadas por el ICAA y de las campañas de promoción, lo cierto es que a día de hoy hay 160 menores de seis años en centros de acogida, 110 de los cuales no llegan a los tres años de edad. En el entorno global del acogimiento hay muchos factores que tener en cuenta. Por un lado, la predisposición altruista de las familias, que entienden su labor como una especie de función reparadora de vínculos, sin olvidar que el objetivo último del acogimiento, siempre que sea posible, es el retorno del menor a los progenitores de los menores o la incardinación en un entorno de estabilidad emocional, con el inevitable establecimiento de un vínculo afectivo de subsidiaridad que, al mismo tiempo, genera especiales sentimientos afectivos. Por otro, desde la perspectiva de la administración tutelar, es cierto que deben establecerse criterios rígidos de evaluación e idoneidad de las familias acogedoras en un afán proteccionista, pero al mismo tiempo conviene acelerar los procesos de selección sin llegar a la fiscalización excesiva, al mismo tiempo que se aumentan, como ya ocurre, por ejemplo, con la posibilidad de acceder a permisos parentales, las facilidades laborales y las ayudas económicas.

El acogimiento no es solo un activo ético de generosidad, sino que debe entenderse como una medida pública de protección de la infancia, que demanda una singular sensibilidad, siempre en beneficio del menor.