No vale...

Catalunya se ha quedado sin que se puedan aprobar los presupuestos de la Generalitat. Esto significa que estaremos unos meses teniendo que prorrogar los presupuestos anteriores, que supone que los recursos no se podrán destinar a nuevas necesidades que no hubieran sido previstas en los presupuestos del ejercicio anterior. Se mantienen los importes y las mismas partidas que se habían tenido en cuenta hace más de 15 meses.

Y, en cambio, en estos últimos meses se ha evidenciado que hay sobre todo una necesidad de mantenimiento de las infraestructuras, que nos tendría que llevar a un pacto de todas las fuerzas políticas de que en Catalunya hace falta, sobre todo, un esfuerzo para mantener el Estado del bienestar que se ha conseguido y los derechos sociales que se reconocen. Siempre es momento para nuevos proyectos, pero hoy nuestra sociedad reclama mantenimiento de lo que se había conseguido y que, quizás por la masificación o quizás por la amortización de los activos ganados, ahora empieza a fallar y en muchos casos resulta deficitario.

Si salen los médicos y profesores a la calle, entre otros motivos, debe ser porque se encuentran con que el poco mantenimiento y la falta de presupuesto no les permite una prestación del servicio público de la forma en que había salido bien y a la que estos profesionales se sentían comprometidos.

Si se produce un desprendimiento como el de Gelida, debe ser porque hoy no estamos dedicando el mismo presupuesto al mantenimiento de carreteras que el que se destinaba antes. Se había conseguido un alto nivel de transporte por carretera y ahora hay claras dudas que estemos destinando el presupuesto necesario para su mantenimiento.

Cuando no se puede ofrecer un servicio estable y puntual en Rodalies, y se detectan tantos puntos de deficiente cobertura en la red de los ferrocarriles, es sobre todo porque estamos más pendientes de crear nuevas líneas o nuevas estaciones, en lugar de garantizar a los ciudadanos los servicios que tienen a su alcance y que hace años que utilizan, con una preocupante y creciente reducción de la calidad del propio servicio, que no solo ya no es puntual sino que en demasiadas ocasiones uno se encuentra que el tren, sencillamente, no llega.

Conseguir un nivel de bienestar como se ha logrado en estas últimas décadas es motivo de felicitación, y perderlo por falta de mantenimiento sería una grave irresponsabilidad. A todas las fuerzas políticas, sean locales o autonómicas o estatales, y sea al nivel que sea, les corresponde conjurarse para mantener aquello que se consiguió y que hoy nos lleva a poder afirmar que disfrutamos de un Estado del bienestar que es la envidia de otros muchos países.

Y no vale que, ante este clamor para el mantenimiento de aquel nivel de servicio público que se había conseguido, no se hayan aprobado los presupuestos por motivos que nada tienen que ver ni con el importe ni con las partidas, ni mucho menos con los propios servicios. De hecho, parece que la negociación no ha tenido que ver con ningún servicio ni con ningún derecho de los ciudadanos catalanes de forma directa, ni con ninguna tramitación ni normativa que encuentre sede en el Parlament de Catalunya, sino en la voluntad de forzar una enmienda a la LOFCA, es decir, en el Congreso de los Diputados a Madrid.

Parece que el mantenimiento de los servicios no ha estado en el centro del debate (ni de las negociaciones) para la aprobación de un nuevo presupuesto de la Generalitat. La preocupación no parece que se haya centrado en las carencias que sufren hoy los ciudadanos en Catalunya, sino en una visión aspiracional de cambio de una ley española para que, dentro de unos años -¡quizás sí que entonces pueda llegar a ser posible!-, haya más inversión en algunas infraestructuras. Mientras tanto, lejos quedan los ciudadanos y los servicios públicos de esta frustrada aprobación de los presupuestos. Lejos quedan los operadores (ferroviarios, profesorado o médicos, entre muchos otros) de esta carencia de partidas para las nuevas necesidades de mantenimiento y operativa que vienen reclamando. Lejos queda la voluntad de mantener unos servicios y un bienestar que llevamos unos meses que observamos cómo cuestan de mantener, atendida la falta de inversión en infraestructuras (tangibles e intangibles).

Ni los servicios, ni los ciudadanos que los utilizan, ni los operadores que las hacen posibles, han sido tenidos en cuenta a la hora de negarnos unos nuevos presupuestos, que tenían que focalizarse en un objetivo: el mantenimiento de los servicios como los hemos conocido hasta ahora.

Conseguir un nuevo derecho o un nuevo servicio es signo de progreso. Perder un derecho o un servicio que se había conseguido es un evidente signo de retroceso. Y es demagógico denunciar el retroceso y provocarlo a la vez.

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