Soberanía y salarios para poder vivir en Catalunya

En los últimos años, el debate sobre el salario mínimo ha vuelto al centro de la política económica. El Gobierno español ha aumentado el salario mínimo en el Estado desde los 735 euros hasta los 1.221 euros actuales. Desde Esquerra Republicana lo hemos defendido y hemos acompañado. Subir el salario mínimo tiene un efecto de arrastre sobre el conjunto de los salarios porque eleva el 'suelo' del mercado de trabajo y fuerza una recomposición de toda la escalera salarial.

Ahora bien, Catalunya no tiene el mismo coste de la vida que otras partes del Estado. Por ejemplo, el precio del alquiler entre 2013 y 2023 se encareció un 30,2% (según l'Agència Catalana de l'Habitatge), mientras que los sueldos subieron solo un 3,5%, según el INE. A esto se añaden costes energéticos, de transporte, de alimentación y de servicios. Por poner otros ejemplos, tener un hijo en Catalunya supone 180 euros más al mes que en cualquier otro lugar del Estado. Es evidente que el incremento reciente de los precios y las diferencias en el coste de vida en nuestro país han reducido, en buena medida, el impacto del nuevo salario mínimo.

Un salario mínimo estatal uniforme, pensado para una media abstracta, no sirve para una realidad diversa. Más bien, la solución pasaría por reconocer las realidades económicas diferenciadas y actuar en consecuencia. Por eso, con la voluntad de disponer de herramientas de país para adaptar los salarios a nuestra realidad económica, desde ERC, conjuntamente con Bildu y el BNG, proponemos un salario mínimo propio, más alto y ajustado al coste de la vida.

En muchos países de nuestro entorno esto se hace de manera habitual. Alemania combina un salario mínimo nacional con convenios sectoriales que fijan sueldos más elevados en función de la actividad y, de facto, del territorio. En el Reino Unido, ciudades como Londres han impulsado salarios de referencia más altos para adaptarse a su coste de vida. En países federales, como Canadá o Suiza, los salarios mínimos pueden variar según el territorio.

Hoy, en Catalunya, tener trabajo ya no garantiza poder emanciparse. Miles de jóvenes encadenan contratos precarios o salarios bajos que no les permiten acceder a una vivienda ni construir un proyecto de vida autónomo. El resultado es una generación atrapada, una generación formada y activa, pero sin horizonte de futuro. En este sentido, el salario mínimo no es solo una cuestión de justicia social. En una economía como la nuestra, demasiado a menudo basada en salarios bajos y sectores de baja productividad, elevar el salario mínimo es también una cuestión de modelo económico.

Durante décadas, hemos normalizado un tipo de crecimiento basado en la cantidad: más trabajadores, más turismo, más actividad. Pero no necesariamente más bienestar. En este contexto, si queremos una economía basada en la precariedad y la competencia a la baja, el salario mínimo es un problema; es cierto. En cambio, si queremos una economía más productiva, con salarios dignos y capacidad de innovación, el salario mínimo es parte de la solución.

Desgraciadamente, durante demasiado tiempo, Catalunya ha reproducido un modelo económico español basado en salarios bajos y precariedad. Un modelo que puede ofrecer beneficios para unos pocos, mientras que condena a puestos de trabajo precarios a muchos. Esta situación, a medio y largo plazo limita la productividad, frena la innovación y nos condena a competir en sectores de poca productividad. Si sabemos que los salarios bajos atraen determinados modelos de negocio y dificultan otros, elevar el salario mínimo puede ser parte de la respuesta. No para frenar la economía, sino para orientarla hacia actividades más productivas. Un salario mínimo propio, más alto, obligaría a competir hacia arriba, a invertir en capital humano, en mejorar procesos y en generar más valor.

Por eso el salario mínimo catalán es una apuesta de país. Una herramienta para ganar soberanía para construir una economía más sólida y menos dependiente de la precariedad, y a la vez una herramienta para garantizar mejores condiciones económicas para la clase media y trabajadora del país.

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