Torrente en los juzgados

De Luis Buñuel a Santiago Segura, salvando las distancias que impone el genio Buñuel. El primero, realizando con maestría el diagnóstico de la España del franquismo, y el segundo, con menos sutileza creativa, de la España que ahora se contempla desde la Audiencia Nacional hasta el Tribunal Supremo. Son tantos los Torrente que estos días llenan de sordidez los banquillos judiciales, que podría decirse que Segura fue tímido a la hora de retratar la extrema vulgaridad de todos estos arquetipos.

Casualidad o causalidad, los dos bandos del bipartidismo abren la carpeta de sus miserias al mismo tiempo: por un lado, se sienta en el banquillo el otrora todopoderoso Jorge Fernández Díaz, aquel ministro que, mientras rezaba a Dios, tenía tiempo presuntamente de perseguir a Bárcenas, montar la Operación Cataluña y cargarse la sanidad catalana, siempre acompañado de su ángel guardián Marcelo. Y de la calle García Gutiérrez a Marqués de la Ensenada, será José Luis Ábalos, el también todopoderoso ministro socialista que paseaba a Pedro Sánchez en su Peugeot 407, y entre fiestas, señoritas de compañía y viajes, tenía tiempo de arreglarse también presuntamente algunas espléndidas comisiones con mascarillas. A ambos lados, los secundarios del torrentismo, desde el inefable Villarejo y su colección de esperpentos hasta los Koldo, Aldama y Jessicas de apodo "sobrinita". Es la España de la cutrez más básica, alimentada por corruptelas y fondos de lagartos que se aprovechan del poder político que consiguen.

Veremos hasta dónde llega uno y otro escándalo, que de momento se circunscriben a la esfera de los ministros y subordinados, sin llegar a los presidentes que los pusieron en el cargo: Mariano Rajoy, en el escándalo Kitchen, y Pedro Sánchez, en el escándalo Koldo. En ambos casos, la pregunta fundamental es si todo lo que ocurrió podía realmente pasar sin que los hombres que presidían el país y, por tanto, tenían el control de los servicios de inteligencia, no se enteraran de nada. En el caso de Rajoy, resulta impensable que su ministro del Interior montara toda una operación para “captar” al chófer del extesorero —pagado con fondos reservados—, robar teléfonos móviles y tabletas, hacer grabaciones de conversaciones y sustraer a Bárcenas todo tipo de documentos que implicaran al PP, y que todo lo hiciera a espaldas de la presidencia por simple amor al partido. ¿Qué obtenía el ministro del Interior, más allá de cumplir órdenes? Ante una operación desde Interior y con recursos de las cloacas, que Rajoy no supiera absolutamente nada (el mismo Rajoy del “M. Rajoy” que tampoco nadie sabe quién es) resulta surrealista. En todo caso, o Rajoy debería asumir la responsabilidad porque dirigió y/o permitió la operación, o debería asumirla por incompetencia supina, con ministros que le montaban operaciones ilegales delante de sus narices. Incluso en el caso de que Rajoy no supiera nada de nada, un escándalo de esta naturaleza debería haberlo inhabilitado políticamente. Y, sinceramente, es muy inverosímil que no tuviera conocimiento. Y sobre todo con los audios de la señora Cospedal que, milagrosamente, el juez García Castellón desestimó. Todo ello huele muy mal.

Es la falta de asumir responsabilidades, directas o indirectas, lo que erosiona la democracia

Lo mismo ocurre con el escándalo Koldo, que incrimina a un vicepresidente del Gobierno y a un ministro, ambos de la primera línea de confianza de la presidencia. Si son ciertas las acusaciones de comisiones en la compra de mascarillas, que implican corrupción en un tema tan sensible como la pandemia, el escándalo salpica directamente a Pedro Sánchez. En este caso, como en el de Rajoy, es muy difícil imaginar que Sánchez no supiera nada de lo que hacían sus hombres más próximos, que no le llegara ninguna información, que no se diera cuenta del ritmo de vida, nada. Si es cierto que lo permitió, es responsable. Si es cierto que no se enteró, sigue siendo responsable, en este caso por incompetencia. Sea como sea, un presidente que tiene a sus principales personas de confianza en prisión por un grave delito de corrupción durante su mandato también queda incapacitado para mantenerse en el cargo. Un escándalo de esta naturaleza, en una democracia seria, barre una presidencia. En España, en cambio, salen todos indemnes, como si lo que ocurre bajo su mandato no les afectara. Y es esta falta de asumir responsabilidades, directas o indirectas, lo que erosiona la democracia.