La corrupción a juicio

Los dos partidos centrales del sistema político español, PP y PSOE, afrontan a partir del lunes momentos difíciles en los tribunales que pondrán en cuestión su crédito y su reputación. Este lunes comenzará en la Audiencia Nacional el juicio por el caso Kitchen, que sienta en el banquillo a un exministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, y a un ex secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, además de un puñado de jefes policiales, que conformaron la llamada “policía patriótica”, y que en este caso concreto habrían intentado destruir las pruebas que el extesorero del PP, Luis Bárcenas, poseía sobre la financiación irregular de su partido. En el Tribunal Supremo, a partir del martes, serán juzgados el exministro de Transportes y ex secretario de organización del PSOE, José Luis Ábalos, y su asesor, Koldo García, acusados ambos del cobro de comisiones ilícitas por la compra de mascarillas durante la pandemia de la Covid. Dos casos de distinta magnitud, pero que apuntan directamente al corazón del sistema político.

El caso Kitchen, acaecido durante el gobierno de Mariano Rajoy, es uno de los episodios más negros de la historia policial de la democracia, solo superado en su gravedad por los GAL. En el sumario que se juzga el lunes trata de confirmar la utilización de los servicios de la policía en beneficio de un determinado gobierno y partido político, con la intención de coaccionar a Bárcenas, que estaba en prisión, y a su familia para que no presentaran pruebas ni declararan contra los dirigentes populares. Para ello llegaron presuntamente a alentar el secuestro por unas horas de la mujer del extesosero, de su hijo y de la empleada del hogar, un asunto que ya fue juzgado y su autor material condenado a 22 años de cárcel. La trascendencia del caso Koldo viene dada por el hecho de que en el momento en que se cobraron las presuntas mordidas, Ábalos era una de las personas más próximas al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y gozaba de su máxima confianza.

Estamos pues ante dos sumarios que no pueden más que abochornar a los responsables políticos y que en nada contribuirán a mejorar la opinión que la ciudadanía tiene sobre la salud de la democracia en España. Más bien al contrario, porque según vayan desarrollándose los procesos judiciales, mayor será la sensación, no necesariamente cierta, de que la corrupción se ha expandido como una mancha de aceite. Una apreciación que se verá agravada por el hecho de que en el primero de los juicios tendrán que declarar como testigos el expresidente Rajoy, y las entonces vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, y la ex secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal. No es habitual que comparezcan ante un tribunal personas que han tenido tan altas responsabilidades en la vida política, aunque sea solo en calidad de testigos, por lo que difícilmente su personación ante los jueces transmitirá una imagen constructiva.

Lo que la sociedad española va a ver a partir del lunes en los tribunales tendrá trascendencia para la credibilidad democrática. Sería, por ello, deseable que los dos partidos principales dejaran a un lado su animadversión, apartaran el tan manido “y tú más” y se dispusieran a reflexionar sobre cuáles son las medidas necesarias para evitar que casos como estos vuelvan a repetirse.