Víctimas a reparar y demanda de perdón de Garzón

En el Estado español alcanzar la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas de la dictadura franquista no solamente ha requerido décadas, durante las cuales centenares de miles de agraviados fallecieron sin haber sido reconocidos como tales, sino que aún hoy quedan pendientes cuestiones de una gran trascendencia. Es el resultado del llamado “modelo español de impunidad”, razón por la cual todo aquello relativo a los derechos de las víctimas se convirtió en una verdadera cruzada democrática. Una conquista sujeta a la hostilidad de la derecha española y a la escasa ambición del PSOE, por temor de alterar el 'statu quo' nacido en la Transición.

Ello explica que se tuviera que esperar hasta el año 2022 para que la ley de Memoria Democrática, a pesar de ratificar la preconstitucional ley de Amnistía con la que se había impedido judicializar los crímenes cometidos, presentase ciertos avances hasta entonces rechazados. Valga el ejemplo del reconocimiento de la ilegalidad y anulación de las sentencias políticas, de entre las cuales la del president Companys, que en la ley de Memoria de Rodríguez Zapatero de 2007 él mismo se opuso que se incluyera, a pesar que su propio abuelo militar hubiese sido fusilado por los golpistas. De igual manera, con la nueva ley se mandataba que una comisión técnica debía elaborar auditorías sobre cómo resarcir a los penados condenados a trabajo “esclavo”, los expolios, etc. Al mismo tiempo, tenía que ser objeto de la comisión dilucidar el universo del conjunto de las vulneraciones de los derechos humanos cometidas por el Estado.

Es cierto que, en contraste con la negación absoluta del PP, los avances del Gobierno de Pedro Sánchez adquieren mayor relevancia, lo cual no impide afirmar que en el contexto actual de banalización de los crímenes de lesa humanidad, los 'olvidos' y los 'miedos' del PSOE a metabolizar de una vez por todas los crímenes del franquismo se presentan como oprobio.

Y, para muestra, dos botones de plena actualidad. En primer lugar, el de la aprobación del real decreto-ley de hace unas semanas que, pese a tener como finalidad desplegar algunos aspectos de la ley de 2022, había obviado la imprescindibilidad que los hechos a reparar alcanzaran hasta el mes de diciembre de 1983. En honor a la verdad, el Gobierno se ha comprometido a corregir el desaguisado, con lo cual quedarán atrás años de arduas y desoídas reclamaciones ante la cerrazón de los gobiernos socialistas de limitar el ámbito temporal de las reparaciones, primero a 1977, sin tener en cuenta que el texto constitucional no fue aprobado hasta el mes de diciembre de 1978 y, posteriormente, no queriendo sobrepasar esta última fecha, haciendo caso omiso a una trágica realidad: hasta 1983 no fue aprobado el primer protocolo que regulaba el uso de las armas de fuego por parte de los cuerpos policiales ante una movilización. Así, continuaba ignorándose (y el gobierno también se ha comprometido a flexibilizar los criterios) la reparación de casos tan representativos de la represión como el de Salvador Puig Antich y de otras víctimas de la Transición.

Nada nuevo si se es conocedor que el asociacionismo memorialista ha tenido que enfrentarse a la desmemoria y al desinterés de las administraciones sin caer en la desazón ni en el rencor. Al revés, siempre actuó con la voluntad de proyectar a las nuevas generaciones que su 'leitmotiv' no era otro que el de blindar presente y futuro ante los peligros de repetir los mismos errores del pasado.

Por ello, resulta doloroso que el Gobierno español haya designado al juez Baltasar Garzón como responsable de la comisión referida anteriormente, también denominada Comisión de la Verdad, encargada de esclarecer las violaciones de los derechos humanos durante el franquismo. Alcanza la categoría de incomprensible que un magistrado que no solo desatendió múltiples denuncias de torturas, sino que fue protagonista de casos tan crueles como los acaecidos poco antes de los Juegos Olímpicos de Barcelona, cuando 45 personas fueron arrestadas en una operación bajo su mando y torturadas hasta el punto que su caso provocó, años más tarde, la primera condena de España por parte de la justicia europea, asuma la presidencia de dicho organismo.

Si las comisiones de la verdad fueron creadas para que ofrecieran un marco en el cual los vulneradores de derechos pudieran pedir perdón a las víctimas, debería ser imprescindible que Garzón diera el primer paso. De no hacerlo, se ofende a las víctimas tanto por su parte como por quien lo ha nombrado.

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