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La factura de la electrificación pendiente de España

Un petrolero cruza el estrecho de Ormuz ante la mirada de una lancha con unos pocos tripulantes.

Un petrolero cruza el estrecho de Ormuz ante la mirada de una lancha con unos pocos tripulantes. / GIUSEPPE CACACE / AFP

Las consecuencias de la guerra de Irán se han dejado sentir de forma inmediata en los bolsillos. A pesar de la intervención del Gobierno para moderar el precio de la gasolina y el gasoil, ambos combustibles han encarecido los viajes de Semana Santa una media de 30 céntimos de euro por litro consumido. El efecto inflacionario se deja sentir en la práctica totalidad de sectores económicos dependientes de los combustibles fósiles, la inflación interanual en marzo escala hasta el 3,3% y la previsión de la OCDE es que cierre el año en España en el 3%, en ascenso por los precios de la energía -petróleo y gas- y a pesar del efecto relativamente compensatorio del precio de la electricidad, muy por debajo del de las grandes economías europeas gracias al peso de las energías renovables y de la hidráulica.

La experiencia adquirida a partir de la repercusión que la guerra de Ucrania tuvo en el coste de la energía -los europeos, sobre todo los que habían confiado en Rusia como proveedor, tuvieron que buscar alternativas, y España está aplicando hoy esa lección, por ejemplo, restañando la dañada relación con nuestro tradicional suministrador de gas, Argelia- sirve como referencia, pero el cierre del estrecho de Ormuz plantea un desafío nunca visto a la estabilidad del mercado y la necesidad de adoptar medidas que eviten el descontrol de la inflación y la consiguiente erosión de rentas de los consumidores.

El 'mix' energético español sigue estando expuesto a los efectos de la guerra por su dependencia, en un 70%, de los hidrocarburos

España salió mejor parada de la crisis ucraniana. Una vez corregido el efecto de la inflación, en el conjunto de la UE y en el periodo 2020-2025, la electricidad se encareció en términos reales el 8% y el gas, el 33%, mientras que en España la luz se abarató un 6,6% y el gas, un 12,6%. Y es cierto que España puede presumir de que su modelo energético, en el que el peso del gas o el carbón en la generación eléctrica es cada vez más residual frente a las energías eólica, solar, hidráulica y también, no lo olvidemos, nuclear, blinda su factura eléctrica de los efectos de crisis de suministro de combustibles fósiles como la que estamos viviendo. Aunque tenga pendientes millonarias inversiones en su red que se revelan cada vez más imprescindibles tanto para evitar cuellos de botella que puedan disuadir la implantación de actividades como centros de datos, y la renovación tecnológica de las industrias con un consumo energético más intensivo, como para asegurar su estabilidad ante las características de un sistema de generación más atomizado.

Sin embargo, el mix energético español sigue estando expuesto a los efectos de la guerra por su dependencia, en un 70%, de los hidrocarburos. Una vez más, el avance de la electrificación de la gran industria, el transporte privado o los dispositivos domésticos se presenta no solo como un imperativo ambiental sino también como una garantía para los bolsillos y balances de consumidores y empresas, y un seguro para la autonomía energética y estratégica. Y no hemos avanzado a la velocidad necesaria.

La capacidad de respuesta del mercado energético español ante la crisis en Oriente Próximo es, en fin, solo parcialmente mejor a la de las otras grandes economías europeas, y expuesta a las mismas vulnerabilidades a causa de su dependencia absoluta del petróleo, instalado por encima de los 100 dólares el barril, y la necesidad de disponer de gas en momentos en los que decrezca la producción eléctrica por otras fuentes.