El déficit de inversión en Catalunya, ¿agravio o fallo estructural del sistema?

Servicio alternativo por carretera por los cortes en Rodalies. / MANU MITRU / EPC

Catalunya carga con un desfase que ya casi nadie discute abiertamente. Una economía que representa cerca del 19% del PIB español dispone de infraestructuras que no alcanzan ese nivel. La diferencia persiste desde hace años, como ha vuelto a evidenciar la Cambra de Comerç. Los datos más recientes van más allá y apuntan a que, entre 2021 y 2023, la ejecución real de la inversión estatal apenas alcanzó el 41% de lo presupuestado. La pregunta es inevitable: ¿se trata de un déficit derivado de decisiones políticas que han penalizado a Catalunya o de un fallo estructural de un sistema que presupuesta muy por encima de su capacidad de ejecución?

La respuesta no es sencilla y obliga a mirar el reparto de responsabilidades, que está definido aunque a menudo se diluya. El grueso de las grandes infraestructuras depende del Gobierno de España, que dispone del presupuesto y dirige la ejecución. La Generalitat, por su parte, actúa en la planificación territorial, la movilidad local y la gestión de servicios transferidos. Además, ejerce presión política y administrativa sobre los proyectos. Entender esta división evita simplificaciones y reproches fáciles.

El déficit, sin embargo, no depende únicamente de quién esté en La Moncloa. Los retrasos se repiten y apuntan a un problema que trasciende los ciclos políticos. Muchos proyectos estratégicos, como sucede con Rodalies, avanzan a ritmo lento, se replantean o no alcanzan la madurez necesaria para traducir los presupuestos en obras concretas. La burocracia, la falta de coordinación y la discontinuidad hacen el resto y perpetúan un déficit histórico.

Reducir, por tanto, el debate a qué Gobierno invierte más o menos ha dejado de ser útil. Lo relevante es corregir el desequilibrio y que el sistema funcione. Para ello hacen falta corresponsabilidad institucional y proyectos maduros y verificables, además de una planificación que convierta los presupuestos en resultados tangibles. Solo así se podrá cerrar la brecha, elevar la inversión y construir infraestructuras acordes al peso económico de Catalunya.