Una España que se vacía

El concepto de la 'España vaciada' es relativamente nuevo, pero no así los orígenes de la despoblación y el progresivo deterioro de la vida en los pueblos, aldeas o núcleos poblaciones de las zonas rurales. A partir del desarrollo industrial del país en los años 60 y 70 del siglo XX, la tendencia hacia la concentración en las ciudades se hizo cada vez más evidente hasta llegar a los datos más recientes, que nos indican que el 84% de los españoles vive en un 16% del territorio, mientras que los municipios de menos de 5.000 habitantes, que representan el 9% de la población, ocupan el 69%, con una densidad media de 17,8 personas por kilómetro cuadrado. Y otro dato que ayuda a entender el fenómeno: el mundo rural representa el 2,4% del PIB con un 2% de trabajadores, muy por debajo de la media europea, situada en torno al 17%. Desde las cifras más críticas (como los más de 1.800 núcleos poblacionales con un solo vecino, especialmente en Galicia, Asturias y las dos Castillas) hasta las que nos informan de un futuro poco halagüeño, sin relevo generacional (el 30% de la población rural tiene más de 65 años), lo cierto es que la 'España vaciada' se ha convertido en un problema estructural y multifactorial, con más retórica electoral que soluciones efectivas.

Como denunciaba hace unos meses la plataforma Salvemos el Mundo Rural Agredido, que agrupa a cerca de 500 colectivos, la despoblación va ligada, en un círculo vicioso, al desmantelamiento de los servicios públicos (en sanidad y educación, con cierres de escuelas y centros de atención sanitaria), a la falta de recursos, a la dificultad de acceso a la vivienda (por paradójico que parezca, hay un déficit en este campo, con segundas residencias ocasionales y casas deterioradas o abandonadas) o a la deficiente red de comunicación y transporte. Además, muchos núcleos rurales se ven envueltos en una dinámica que, aparentemente, podría proporcionar riqueza y que, en la práctica, genera más problemática ambiental, como la proliferación de macrogranjas, parques eólicos o plantas de biogás, sin incidir notoriamente en unas perspectivas plausibles de empleo y crecimiento.

El reportaje que publica EL PERIÓDICO, sin embargo, aporta hechos positivos, como las acciones llevadas a cabo por empresas emergentes o iniciativas personales que se basan justamente en un análisis de la precariedad de los servicios y en la necesidad de estar atentos a las necesidades perentorias de los habitantes de estas zonas. Emprendedores que van desde el sector alimentación hasta la sanidad, pasando por la peluquería, ejemplos todos ellos de otra forma de entender el negocio, más cercana al trueque ancestral o a la solidaridad efectiva que a la cuenta de resultados. Por otra parte, la introducción de la tecnología y de las aplicaciones de la Inteligencia Artificial, permite vislumbrar un futuro para entidades municipales en decadencia, siempre que las comunicaciones y la banda ancha sean, globalmente, una realidad.

En el caso de Catalunya, con 608 municipios considerados “rurales” y con un 65% del territorio, el Estatut de Municipis Rurals, aprobado hace menos de un año, planteaba medidas para fomentar el enraizamiento en el mundo rural, con mecanismos para regular los efectos económicos y medioambientales y para garantizar la equidad, en lo que supuso una buena iniciativa para revertir esta situación.