Opinión | GATO ADOPTIVO

Director adjunto de EL PERIÓDICO
La fragata varada en el Congreso

El presidente Pedro Sánchez, este viernes en Huelva. / Alberto Díaz / Efe
La comparecencia de Sánchez en el Congreso ante la situación creada por el ataque de Trump y Netanyahu a Irán, que sigue sin fecha una semana después, no debería ser un gesto de cortesía política, sino una obligación básica en una democracia parlamentaria. Las decisiones clave del Gobierno sobre seguridad, política exterior o el despliegue de las Fuerzas Armadas deben explicarse y someterse al control de los representantes de los ciudadanos. Más aún cuando ha decidido enviar la fragata F-105 Cristóbal Colón para proteger a Chipre mientras enarbola el 'No a la guerra'.
Mandos militares del Ministerio de Defensa creen que el Gobierno debería solicitar autorización al Congreso. Se apoyan en el artículo 17 de la Ley Orgánica 5/2005 de Defensa Nacional, que le obliga a recabar la aprobación parlamentaria para operaciones en el exterior. La norma permite actuar con urgencia si la situación lo requiere, pero exige someter la decisión al Congreso lo antes posible.
Moncloa defiende lo contrario, al sostener que no hay una nueva misión, sino la continuación de una operación ya en marcha junto al portaviones francés Charles de Gaulle, amparada en el interés nacional. Sobre esa base, argumenta el Gobierno, no sería necesario pasar por la Cámara Baja.
Más allá del debate jurídico, el problema es institucional. La oposición denuncia que se margina al Congreso en una decisión que implica exponer a las Fuerzas Armadas a un riesgo incierto. Resulta llamativo que Sánchez, descrito por el Financial Times como la “némesis europea” de Trump, parezca emular la aversión del presidente americano al control parlamentario. Con el agravante de que el sistema español no es presidencialista; el Gobierno nace del Parlamento y responde ante él.
Cuando el Ejecutivo actúa como si pudiera prescindir del Congreso, erosiona los pilares de la democracia parlamentaria. En tiempos de crisis, explicar las decisiones y someterlas al escrutinio de la soberanía popular no debería ser una opción.
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