Legitimidad y legalidad internacional

El ataque de Estados Unidos e Israel a Irán vuelve a plantear la disyuntiva entre lo legítimo y lo legal en el sistema internacional. La ofensiva se produce tras años de intensa represión interna por parte de un régimen hostil a Occidente, que respalda a milicias y cuenta con un programa nuclear que se ha convertido en una amenaza para su población y para la seguridad internacional. Por ello, desde una perspectiva normativa, podría sostenerse que estos factores dotan de cierta legitimidad a una intervención orientada a poner fin a un régimen de estas características. Sin embargo, la operación no responde únicamente a la voluntad altruista de liberar a la sociedad iraní y de hacer el sistema internacional más seguro, sino que, aprovechando una coyuntura de debilidad interna, responde a intereses estratégicos propios, lo que hace más complejo su encaje jurídico.

La Unión Europea, Naciones Unidas y el Gobierno español han apelado a la contención y al respeto del derecho internacional, en línea con el principio que prohíbe el uso de la fuerza salvo en casos de legítima defensa o con autorización del Consejo de Seguridad. El problema es que, con el funcionamiento actual de los organismos multilaterales, legalidad y legitimidad difícilmente pueden converger. El sistema de veto en el Consejo de Seguridad impide la toma de decisiones cuando las grandes potencias están implicadas y reduce la posibilidad de una respuesta colectiva ante violaciones sistemáticas de derechos humanos y amenazas a la seguridad de otros estados.

En teoría, legalidad y legitimidad deberían ir unidas. En la práctica, se disocian. El resultado es que se acaba invocando la legalidad para proteger la soberanía de estados que vulneran de forma sistemática los derechos de su población. Y aunque la defensa del marco jurídico no suponga un aval político, en la práctica garantiza la continuidad del estado como sujeto protegido. Una circunstancia que se explica por los fundamentos del propio sistema: el orden internacional contemporáneo se asienta en la soberanía y la no injerencia, no en la naturaleza democrática de los gobiernos. Fue diseñado para prevenir la guerra entre estados, no para juzgar la calidad de sus regímenes.

Las contradicciones que de ello se derivan obligan a plantearse una pregunta incómoda: ¿hasta qué punto debe aceptarse, en nombre de la paz y la soberanía, una situación de bloqueo que permite mantenerse a estados que incumplen de forma reiterada las normas internacionales? El sistema creado tras la Segunda Guerra Mundial priorizó la paz como objetivo central. Pero cuando esa prioridad se convierte en un principio absoluto, existe el riesgo de que termine protegiendo a quienes vulneran los compromisos recogidos en la Carta de las Naciones Unidas. El caso iraní ilustra a la perfección esta tensión. Y esta no se va a resolver ni sustituyendo el multilateralismo por la acción unilateral ni tampoco ignorando los límites de un sistema que ya no cumple sus funciones, si es que alguna vez lo hizo.

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