La institucionalidad en juego

El proyecto de presupuestos para 2026 impulsado por el Govern de Salvador Illa, que roza los 50.000 millones de euros -un 10,3% más que en 2023-, llega tras dos años sin nuevas cuentas y con la administración sostenida a base de suplementos de crédito. La propuesta se apoya en una previsión de ingresos récord, 48.231 millones de euros, favorecida por el buen ritmo económico y por una mayor recaudación tributaria. Con un déficit previsto del 0,1% del PIB y una deuda que podría bajar al 27,4% -incluso más si el Estado cumple con la condonación parcial del FLA-, el Govern plantea unas cuentas expansivas que buscan dejar atrás la provisionalidad.

El proyecto tiene como columna vertebral el gasto social. Salut (13.840 millones), Educació (8.356 millones) y Drets Socials concentran más de la mitad de los recursos, confirmando la centralidad de los servicios públicos. Sin embargo, el perfil político del proyecto se percibe en aquellas áreas que experimentan un crecimiento más intenso: Territori aumenta un 35% e Interior un 34,5%, reflejando la prioridad otorgada a vivienda, infraestructuras y seguridad. Los 1.900 millones destinados a políticas de vivienda -con ayudas al alquiler, ampliación del parque público y la reactivación de la Llei de Barris—-constituyen el emblema de esta etapa. Al mismo tiempo, el refuerzo de plantillas eleva el gasto en personal por encima de los 17.700 millones y sitúa el empleo público en más de 300.000 trabajadores. Con todo, una de las partidas que más aumenta proporcionalmente es el pago de los intereses de la deuda, que alcanza los 1.616 millones de euros. Un dato que recuerda que una parte creciente de los recursos no se destina a servicios públicos, sino a cumplir con compromisos financieros adquiridos y que aconseja prudencia sobre la sostenibilidad futura.

Catalunya necesita nuevos presupuestos para sostener los servicios públicos y dar previsibilidad a las empresas

El proyecto inicia su tramitación con el apoyo de los Comuns, pero sin el aval imprescindible de ERC. Los republicanos no descartan una enmienda a la totalidad y condicionan su respaldo a avances concretos en la recaudación del IRPF por parte de la Agència Tributària de Catalunya. Como muestra de buena voluntad, el Govern ha reservado 121,8 millones para reforzar la hacienda catalana con más inspectores y personal de apoyo. Sin embargo, sin cambios normativos por parte del Estado, algo que hoy dado el calendario electoral parece poco probable, los compromisos asumidos siguen siendo inciertos. Por eso, la negociación continúa abierta con la incógnita de si el pacto dependerá exclusivamente del IRPF o de si habrá otros aspectos que permitan desbloquear la situación.

Hasta el 20 de marzo hay margen para el acuerdo. El Govern descarta planes B -ni nuevos suplementos de crédito ni nuevas elecciones- porque cualquiera de esas salidas implicaría perder inversiones y tensionar la tesorería. Pero el alcance de un eventual rechazo presupuestario iría más allá de lo económico. Sería un duro golpe político para un Ejecutivo que ha hecho de la estabilidad y la gestión su seña de identidad. Pero sobre todo para el país. Catalunya necesita nuevos presupuestos para sostener los servicios públicos, dar previsibilidad a las empresas y consolidar esa normalidad política de la que el president Illa hace bandera.

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