La demolición de la justicia universal en España

Quizá sea por (de)formación profesional, pero al ver que dos extrabajadoras de Julio Iglesias le denunciaban ante la Audiencia Nacional por presuntos delitos de tráfico de seres humanos, agresión sexual o malos tratos pensé que tal acción tendría un recorrido más que incierto debido a que la justicia universal en España es hoy en día más que residual debido a algunas decisiones políticas no tan lejanas. Los hechos son que la Fiscalía se ha alineado con la defensa de Iglesias, que alegó que los tribunales españoles no son competentes para juzgarle porque los hechos tuvieron lugar en República Dominicana y Bahamas. En opinión del ministerio público, deberían haberse denunciado primero en los países donde tuvieron lugar y solo en caso de no prosperar y constatada la "imposibilidad real o la falta de voluntad" de investigar sería posible franquearle el paso en España, autorizada a intervenir solo en caso de que el Estado directamente competente no pudiera o no quisiera hacerlo, acreditándose así. Algo que no podría plantearse, por ejemplo, en el caso Epstein, porque los delitos han sido calificados de federales en los EEUU y se han desplegado las acciones de cooperación internacional correspondientes.

El criterio de la Fiscalía se fundamenta en que la justicia universal en España es actualmente un “último recurso” porque ha dejado de ser una competencia general. Algunos sectores jurídicos han criticado que la Fiscalía no haya entrado en el fondo de las acusaciones, y que haya tomado la decisión solo en base a una cuestión meramente procesal —la competencia—, sin valorar las pruebas aportadas por las denunciantes. Organizaciones implicadas en la denuncia como Women's Link Worldwide y Amnistía Internacional calificaron la decisión como "lamentable" y argumentaron que España había perdido la oportunidad de escuchar e investigar a fondo los hechos y considerar todas las evidencias disponibles. Estas entidades, que presentaron la denuncia, consideran que la jurisdicción española debería poder ejercerse abiertamente en casos con presuntas violaciones a derechos humanos. Pero se trata de argumentos de oportunidad o de mera conveniencia, aunque perfectamente atendibles.

Lo cierto es que, por desgracia, España no puede erigirse actualmente en juzgador universal sin la presencia de elementos muy relevantes de conexión territorial o personal con los hechos ilícitos: que el cantante sea español no implica una competencia automática para investigarle. Además, no reside en España y las dos denunciantes carecen de nacionalidad española, tampoco viven en España y no consta que hubiesen estado. Y es que la malhadada jurisdicción universal en España se ha visto afectada tanto por reformas legales como por criterios jurisprudenciales restrictivos. Aunque no ha sido siempre así. Hace menos de dos décadas la jurisdicción universal en España era plena y podía juzgar crímenes graves —no solo el genocidio o los crímenes contra la humanidad o las torturas—, aunque se hubiesen cometido fuera de su territorio y los autores o víctimas no fueran nacionales. Esto se acabó debido a dos modificaciones legales operadas por el Parlamento español, la primera en 2009, a instancias del Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero —visto como un “riesgo judicial” en política exterior, sobre todo por EEUU, China e Israel–, y la segunda en 2014, por parte del Gobierno de Mariano Rajoy.

En efecto, ambos Ejecutivos se mostraron particularmente obsequiosos con los diversos países a los que no había gustado, por ejemplo, que el juez Baltasar Garzón ordenara la detención de Augusto Pinochet en Londres por su implicación en delitos de genocidio, terrorismo internacional, torturas y desaparición de personas ocurridas en Chile durante la dictadura militar. Y particularmente dóciles con los EEUU, a quien desagradaba la investigación de torturas y detenciones ilegales en Guantánamo, convertido en prisión militar de alta seguridad desde 2002 con cientos de detenidos extrajudicialmente en Afganistán tras el 11S. O con las autoridades chinas, que presionaron por las investigaciones de la Audiencia Nacional por la violación de derechos humanos en Tíbet.

Fue así como España, que no suele sobresalir en muchas cosas en el plano internacional, dejó de ser un referente global de la jurisdicción universal y de la defensa de los derechos humanos, como pusieron de relieve en su día el Comité contra la Tortura y Derechos Humanos de la ONU, Amnistía Internacional o Human Rights Watch, para quienes España pasó incluso a incumplir obligaciones internacionales en materia de persecución de crímenes como la tortura o contra la humanidad. Con el resultado que esta noble causa perdió un cualificado abanderado, que ahora sería muy útil en un tablero geopolítico global caracterizado por la deriva autoritaria de algunos estados y el narcisismo fanfarrón de algunos mandatarios.

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