Los papeles del 23-F sanean la memoria democrática

Resulta verdaderamente chocante la reacción del Partido Popular a raíz de la desclasificación de los papeles del 23-F -cortina de humo lo llaman Alberto Núñez Feijóo y su entorno- como si el paso dado por el Gobierno, por necesidad coyuntural de apuntarse un tanto frente a la opinión pública o por profunda convicción de que debía hacerlo 45 años después de la asonada, no fuese un factor de saneamiento de la cultura democrática. Después de la publicación de más de un centenar de libros dedicados al golpe de Estado fallido, de menudear teorías peregrinas y conspiranoicas del episodio, de ponerse en duda con frecuencia la posición de Juan Carlos I el día del asalto al Congreso y de una serie inacabable de informaciones, medias verdades y rumores, hacía falta desde hace décadas que se conociera la documentación que ahora es visible en la web de La Moncloa. Da la impresión de que algunos temían que surgieran del análisis de los papeles nombres y actitudes que dañaran la memoria de alguien o de algunos y que, puestos a ver fantasmas donde no los hay, alimentaran con fundamento nuevas responsabilidades en el desarrollo del golpe.

La apertura de los archivos del 23-F es un ejercicio de libro de higiene democrática. El esfuerzo informativo de todos los medios y el rescate del olvido de los urdidores de la trama ha puesto al día los elementos sustantivos de aquella tarde, noche y madrugada en las que casi todo zozobró. Si hoy se pregunta quiénes armaron el golpe, es improbable que la inmensa mayoría de la población se atreva a ir más allá del nombre de Antonio Tejero. En el día de autos, dos tercios de los españoles de hoy o no habían nacido o eran menores de edad; al correr del tiempo, planes de estudio claramente insuficientes han dado al franquismo, la transición y el resto del proceso democrático una importancia muy por debajo de la debida para asentar una sólida cultura cívica.

Hace unos años, en una jornada reservada a profesores de instituto, uno de los participantes resumió así la debilidad de la enseñanza de la historia reciente del país: “A todos los alumnos de secundaria de Estados Unidos se los pone al corriente del brevísimo discurso pronunciado por Abraham Lincoln en Gettysburg (1863); aquí contamos la guerra civil y todo lo demás en un ratito”. Es poco probable que las revelaciones o confirmaciones de los papeles del 23-F llenen el vacío formativo e informativo de la peripecia que fue poner a salvo la democracia en mitad de un entorno plagado de fuerzas hostiles, pero quizá tenga cierto poder reparador de la memoria histórica, ese bien intangible que el mundo conservador lleva tan mal (recuérdense las declaraciones y críticas extremas a que dio lugar el traslado de los restos del dictador de Cuelgamuros al cementerio de Mingorrubio).

Es el mismo universo que pone el grito en el cielo cuando se cambian los nombres de calles dedicadas a personajes de la dictadura -muchas veces son restituidos por un cúmulo de retorcidas razones-; es el mismo orfeón nostálgico al que se le abren las carnes cuando se abren fosas comunes en las cunetas de las carreteras para recuperar los restos de los asesinados por los matarifes de los vencedores de la guerra civil; es el mismo insano ámbito neofranquista que atribuye al presidente del Gobierno la condición de dictador con sorprendente desparpajo.

En las primeras tres líneas de Anatomía de un instante, Javier Cercas escribe: “A mediados de marzo de 2008 leí que según una encuesta publicada en el Reino Unido la cuarta parte de los ingleses pensaba que Winston Churchill era un personaje de ficción”. Más adelante sigue: “De hecho, quién sabe si a estas alturas el teniente coronel Tejero no será sobre todo para muchos un personaje televisivo; quizá incluso Adolfo Suárez, el general Gutiérrez Mellado y Santiago Carrillo lo sean en alguna medida, pero no en la misma que él”. Visto que cada año, el 23 de febrero, asoma por la televisión Tejero a la hora del Telediario, es improbable que haya adquirido, como Churchill, la condición de personaje de ficción para una parte del auditorio; es incluso creíble que su muerte el miércoles haya refrescado la memoria de los más olvidadizos o poco informados. Pero ¿y los otros protagonistas? Quizá estaban -están- a un paso de adquirir cierta naturaleza novelesca (quién sabe).

Lo cierto es que mantener en una zona de sombras e incertidumbres cómo se gestó el golpe, quién se sumó a él y por qué fracasó ha contribuido durante demasiado tiempo a dar pábulo a toda clase de teorías y versiones que ponían en duda el desempeño de algunos de los protagonistas, singularmente el Rey. Más allá del anecdotario de aquella larga jornada de hace 45 años, la profusión de datos que aportan los documentos confirma las versiones más sólidas, desacredita las carentes de fundamento y deja las precisiones finales en manos de los historiadores. Puede que falten papeles, que se destruyeran muchos de los relacionados con la implicación de personal del Cesid en el golpe, pero esa posibilidad sustantiva de reconstruir documentalmente lo acontecido tiene un extraordinario poder regenerativo del pasado. Con el valor añadido de que, por el momento, ningún vocero del apocalipsis ha osado decir que el material desvelado ahora tiene un efecto divisivo en la sociedad española como suele proclamarse con las exhumaciones en determinados ambientes.

Durante la sobremesa de una cena en Oviedo un sábado de otoño de 1986, un amigo de la infancia le pidió que contara algo a Sabino Fernández Campo, secretario general de la Casa del Rey en el momento del golpe. La discreción del general era legendaria ya entonces, reflexionó en silencio durante unos segundos y respondió con una media sonrisa: “Llovió hoy a mares y me quedé en casa todo el día”. Tan lógico era que alguien en su posición no soltara prenda como ilógico ha sido que durante décadas hayan permanecido los papeles guardados bajo siete llaves mientras algunas insensateces intoxicaban la historia. Porque la memoria histórica es un bien colectivo que hay que proteger y la ocultación, una enfermedad colectiva que hay que combatir. Urge por esa razón una ley de secretos oficiales que acabe con la discrecionalidad del Gobierno para desclasificar material, según establece la de 1968, reminiscencia franquista aún en vigor, tan lejos el espadón de la realidad de nuestros días.