Cuando la sentencia no es el final

Detrás de los fríos números con los que medimos la actividad judicial hay personas esperando justicia. No estadísticas, sino vidas atascadas, víctimas que siguen suspendidas en el tiempo. Llevamos años intentando poner remedio a la lentitud desesperante de la Justicia: hemos creado nuevos juzgados, inventado los juicios rápidos primero y luego los inmediatos, hemos reformado leyes para evitar que los delitos prescriban con el paso del tiempo y queden impunes. Aun así, el péndulo judicial sigue moviéndose al ritmo de la desigualdad y golpea demasiadas veces a la víctima.

La reciente Ley de Eficiencia de la Justicia quiere cambiar esto. Promete un sistema más ágil, más humano, menos inaceptablemente lento. Pero basta mirar los casos de violencia de género para ver que aún queda mucho camino. Mientras un maltratador cumple la parte de la condena que lo mantiene entre rejas, las víctimas siguen esperando la indemnización que les corresponde. A veces no porque el culpable escurra el bulto, sino porque el sistema se lo pone fácil: trámites interminables, oficinas saturadas, expedientes que duermen años en un cajón.

La burocracia se convierte entonces en una forma silenciosa de injusticia, en cómplice involuntaria de una situación que debería poder combatir. No hay mayor paradoja que una víctima con razón reconocida por un tribunal que nunca llega a recibir lo que la ley dice que le pertenece. Algunas familias cargan con deudas absurdas —como pagar la hipoteca del asesino de una hermana— por culpa del laberinto administrativo que se abre después de la sentencia.

La Justicia que llega tarde no es justicia, repetimos hace demasiado. Retrasar una reparación es volver a herir a quienes ya sufrieron una primera violencia. Y no solo pasa con la violencia de género: ocurre también con las estafas, donde las condenas raramente se traducen en restitución justa, y en otros delitos que castigan a los más vulnerables con la falta de soluciones.

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