Vivienda protegida sin trampas

El problema del acceso a la vivienda es uno de los grandes retos a los que se enfrenta España. La escasez de pisos, tanto de venta como de alquiler, que alcanza niveles críticos en grandes ciudades como Barcelona y Madrid, se ha convertido en un impedimento prácticamente infranqueable para amplias capas de la población. Las causas que han llevado a la falta de oferta a precios razonables son múltiples y de diferente naturaleza. Van desde la insuficiente construcción de vivienda hasta la evolución de los salarios en España, pasando por la escasez de vivienda protegida. El impulso de vivienda de protección oficial (VPO) es una de las estrategias -por supuesto no la única- que pueden contribuir positivamente a paliar un problema que afecta gravemente a las capas más jóvenes de la población, que ven seriamente lastrados sus proyectos de emancipación.

Precisamente la vivienda protegida ha sido la protagonista de un lacerante escándalo en Alicante. Como reveló en exclusiva el diario ‘Información’, de Prensa Ibérica, en aquella ciudad se adjudicaron diversas viviendas de manera supuestamente irregular a responsables del propio Ayuntamiento y del Partido Popular, así como a familiares de estos. El asunto ha provocado dimisiones y en la actualidad la justicia investiga qué es lo que ha sucedido. Se acusa a los implicados de haberse servido de su acceso a información privilegiada y de contactos personales para comprar las viviendas de protección oficial, en lo que muchos ven un claro caso de amiguismo y corrupción.

Lo sucedido en Alicante resulta especialmente alarmante si se considera el alcance del problema de la vivienda. La VPO que se construye y adjudica en España es, además, escasa -desde el año 2015 solamente se han construido un total de 86.000 pisos protegidos- en comparación con las necesidades sociales estimadas por los expertos. Por consiguiente, hay que exigir a todas las administraciones, y en particular a las comunidades autónomas, que son las máximas responsables en cuanto a VPO, normas claras así como el máximo rigor y transparencia en los procesos de adjudicación de las viviendas protegidas. Escándalos como el de Alicante no deben repetirse.

Asimismo, deben tomarse medidas para corregir la enorme disparidad de criterios y al desconcierto normativo con relación a la VPO. La vivienda protegida es aquella que se pone a la venta o se alquila por debajo de los precios de mercado para facilitar el acceso de personas y familias con ingresos bajos. Al servicio de este objetivo, y no de ningún otro, han de estar las administraciones. Carecen de sentido las grandes diferencias existentes en cuanto a requerimientos económicos, duración de la protección oficial o la forma de venta de la vivienda. Se trata, como se ha dicho, de un sistema donde las competencias recaen sobre las autonomías, aunque los municipios y el Estado también influyen sobre él. Es lógico que, como determinó el Tribunal Constitucional en 2024, que sea así, puesto que el contexto socioeconómico es diverso, pero debe corregirse la heterogeneidad de criterios y procedimientos existente, así como los vacíos legales y descuidos normativos, que hacen posibles las trampas y los fraudes que contribuyen a acrecentar la desconfianza de los ciudadanos en las administraciones, así como su malestar con los políticos y la política.