Momento para el acuerdo

La negociación de los presupuestos de la Generalitat de Catalunya para este año quedó a mediados de enero bruscamente interrumpida, primero por la enfermedad que sacudió a Salvador Illay, posteriormente, por la paralización del servicio de Rodalies. El regreso del president ha acelerado la recta final de la presentación de unos presupuestos que son necesarios para no llevar la administración catalana a una restricción de crédito que no se corresponde con la marcha actual de la economía, que precisa de unos servicios públicos que estén a la altura. Lo exigirán el lunes los agentes sociales en materia de vivienda y se preparan otras iniciativas de la sociedad civil que van en el mismo sentido. Los partidos deben estar a la altura en unos momentos en los que Catalunya, España y Europa se juegan muchas cosas, especialmente en materia de generación de nueva riqueza y de su reparto equitativo. Los presupuestos son el instrumento político que permite actuar con seguridad jurídica y con un consenso suficiente. Y el mejor antídoto contra el populismo de todo signo.

El Govern ha cerrado esta semana un acuerdo presupuestario con los Comuns, fundamentalmente centrado en la vivienda, que ya es la principal causa de desigualdad social en Catalunya y que se ha alzado como la principal preocupación de los catalanes. Habrá que velar por que algunas de las medidas pactadas encajen en el marco constitucional. Pero PSC y Comuns han hecho el esfuerzo que exige el momento y han buscado el acuerdo sobre una preocupación ciudadana de primer nivel. Movilidad y educación completan el pacto en el que los Comuns han forzado a los socialistas a intensificar su apuesta por los servicios públicos de calidad.

Con este apoyo bajo el brazo, el president Illa encara ahora la negociación con Esquerra, que pasa por el cumplimiento de los acuerdos contenidos en el pacto para su investidura: traspaso integral de Rodalies, apoyo al traspaso de la recaudación del IRPF y presentación de un nuevo sistema de financiación autonómica por parte del ministerio de Hacienda acordado con la Generalitat. Las tres cosas están en marcha y enfocadas de acuerdo con las demandas de los republicanos. Si no se ha dado el paso de arrancar la negociación presupuestaria ha sido más por incidencias ajenas a las conversaciones entre el Govern y Esquerra que por la falta de acuerdo en los contenidos. Y el tiempo enturbia el proceso en la medida de que aparecen dificultades técnicas debidas a la complejidad de los asuntos (se está viendo en el caso de Rodalies), que disparan los temores de incumplimiento en las filas republicanas. Hasta ahora, los negociadores socialistas han ido paliando todos los obstáculos que han surgido. El último ejemplo ha sido la creación de un consorcio para que la Generalitat asuma la ejecución de las inversiones, por ejemplo, en la red ferroviaria, que el Estado no consigue acelerar. Y este mismo viernes, el president Illa se ha comprometido pública y explícitamente a defender ante el Gobierno y ante su partido la cesión de la recaudación del IRPF en los términos acordados. Los recelos se pueden entender si se mira hacia muy atrás, durante el ‘procés’, pero en las relaciones PSC de Illa y la Esquerra de Junqueras se han mantenido hasta el momento suficientes espacios de lealtad (ocupando correlativamente el gobierno o la oposición) para que ahora no se desande lo andado aun siendo formaciones de muy distinto signo. Hace unos días en una entrevista radiofónica el mismo Junqueras dijo que con todo lo que está pasando en el mundo no hay que desaprovechar ninguna oportunidad de llegar a acuerdos. Es el momento.