Si la policía falla, ¿ante quién denunciarán las mujeres?

Hay dimisiones que no reparan nada, pero resultan imprescindibles, como la del número dos de la Policía Nacional, José Ángel González, que este martes dejó el cargo tras ser denunciado por una presunta violación a una agente de la policía. La justicia se encargará de investigar y esclarecer los hechos. No puede ser de otra manera en un Estado de derecho como España. Pero la dimensión del caso va más allá de lo que pueda dictaminar un juzgado y exige una reflexión profunda.

Porque no es un caso más. No puede serlo cuando el señalado es uno de los máximos responsables de la Policía. No puede serlo cuando esa institución es a la que se dirigen las víctimas para denunciar. Su dimisión, por tanto, era obligada, por mucho derecho que tenga a la presunción de inocencia y por mucho que ello no deba interpretarse como una condena anticipada. La exigencia es, más bien, ética. En determinados cargos, la ejemplaridad no es opcional.

Si, además, se confirma que desde el entorno profesional del denunciado se intentó presionar a la víctima para que no acudiera a la justicia, el problema deja de ser individual y se convierte en estructural. Constataría que el poder se activa para protegerse a sí mismo. Ello es inquietante y demoledor. También lo es que los partidos políticos, de un lado y del otro, se hayan lanzado al instante a atizar al adversario, sin esperar a que la investigación avance. Sin matices. Sin pausa. La prisa por capitalizar el escándalo suele ser inversamente proporcional a la voluntad de proteger a las víctimas. Ese ruido diluye lo esencial: ¿qué mensaje reciben hoy otras mujeres que puedan estar en una situación similar y observen el caso en silencio? ¿Se atraverán a denunciar?

La Policía no puede permitirse la más mínima sombra y debe estar a la altura de lo que de ella se espera. Esta crisis exige más que la simple dimisión del denunciado. Como mínimo, urge una investigación rigurosa y transparente que reafirme que nadie, por alto que sea su cargo, está por encima de la ley. Solo así la autoridad tiene sentido. Y solo así se puede confiar en que las instituciones protegen a los ciudadanos cuando más lo necesitan. Nadie puede quedarse atrás, sobre todo las mujeres que son víctimas de violencia sexual.

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