Que la Constitución perdure

El próximo viernes la Constitución de 1978 se convertirá en la más longeva de la historia constitucional española, un hito que se explica por el consenso que la hizo posible. No en vano fuerzas políticas muy distintas negociaron un marco común alumbrando un texto deliberadamente abierto, capaz de integrar sensibilidades diversas y de conjurar el riesgo de ser percibido como una imposición. Ese espíritu contrasta con el clima actual. La voluntad de acuerdo que la forjó aparece hoy debilitada, como la propia conmemoración institucional volvió a evidenciar: al acto con el Rey acudieron PP, PSOE, Vox, Sumar y Podemos, pero no ERC, Junts, EH Bildu, PNV ni BNG. Unas ausencias significativas que reflejan la distancia respecto al momento fundacional.

A lo largo de casi medio siglo, la Constitución ha demostrado capacidad de adaptación pero se ha reformado poco, apenas en tres ocasiones y siempre de forma puntual y consensuada, sin alterar su núcleo. Esa estabilidad contrasta con la percepción social, ya que una amplia mayoría considera que necesita cambios, especialmente en derechos sociales, cuestiones territoriales, modelo de Estado, transparencia o sistema electoral. Una voluntad de reforma que convive, sin embargo, con un reconocimiento todavía mayoritario de su papel. Muchos ciudadanos consideran que la Constitución ha contribuido a la prosperidad económica, al desarrollo de los derechos sociales y a reforzar la posición de España en Europa, además de garantizar libertades y ofrecer un cauce para resolver conflictos por vías pacíficas.

Este equilibrio entre reconocimiento y demanda de actualización apunta a que el texto ha envejecido y que hay aspectos susceptibles de revisión. De hecho, hay acuerdo notable entre constitucionalistas sobre la conveniencia de reformar el Senado para convertirlo en una verdadera cámara de representación territorial, clarificar el modelo autonómico en un sentido federal, eliminar la preferencia del varón en la sucesión a la Corona o reforzar algunos derechos sociales. Ajustes todos ellos razonables y coherentes con las transformaciones y demandas de las últimas décadas.

Preservarla hoy exige volver a su punto de partida: el consenso, que hizo posible su aprobación y ha sostenido su continuidad. Por eso, cualquier reforma de calado debería asentarse en ese mismo nivel de acuerdo. La tentación mayoritaria, aunque aritméticamente viable incluso con amplias mayorías, entraña un riesgo evidente: convertir un pacto integrador en una decisión de parte y comprometer el equilibrio que la ha mantenido estable. Su fortaleza no reside solo en el contenido, sino en el acuerdo que la alumbró y la ha sostenido en el tiempo.

En un momento en el que se recurre con frecuencia a la expresión «régimen del 78», a menudo utilizada para impugnar en bloque aquel periodo, conviene recordar el contexto en el que nació la Constitución. La Transición, con todas sus limitaciones, fue un ejercicio de responsabilidad política que integró sensibilidades muy distintas en un proyecto compartido. De ese esfuerzo surgió el texto constitucional y, con él, el periodo más prolongado de estabilidad democrática de nuestra historia reciente. Su longevidad no es casual: es el resultado de aquel espíritu y se debe preservar.