Indra necesita paz

La política de defensa es hoy una prioridad ampliamente compartida en Europa y en España. La invasión de Ucrania por parte de Rusia y la llegada por segunda vez de Trump a la Casa Blanca han forzado un incremento de los gastos en material militar inédito en el continente desde la Segunda Guerra Mundial, que reclama, además, que se haga en clave de asegurar la autonomía estratégica europea hasta donde sea posible, vista la superioridad tecnológica de los Estados Unidos y, actualmente, también de China.

En este contexto, la UE ha anunciado la movilización de hasta 800.000 millones de euros (el mismo importe que los fondos Next Generation) para invertir en la compra de material de defensa. Alineada con esta prioridad, aunque por la puerta de atrás, España ya ha elevado el gasto de defensa hasta el 2% y lo seguirá haciendo en los próximos años porque así se ha comprometido Pedro Sánchez con sus socios de la UE y de la OTAN. Estas inversiones son, a su vez, una oportunidad para reindustrializar Europa y España y para apostar por tecnologías de última generación que, habitualmente, tienen un doble uso, militar y civil. España, como ha dicho el Gobierno, no puede perder esta oportunidad.

La Moncloa ha dejado claro que su prioridad era crear una empresa española con vocación de ser un campeón europeo en este sector. Y su opción ha sido, desde el primer momento y sin esconderse, la empresa Indra, de la que el Estado posee un 26% a través de la Sepi. El anterior presidente de la compañía y hoy al frente de Telefónica, Marc Murtra, aceleró este proceso, atrajo a nuevos inversores y disparó su cotización. Desde su marcha han aparecido dos piedras en el zapato. La primera es el proyecto de fusión de Indra con la empresa de los hermanos Escribano que ha quedado bajo sospecha desde que uno de ellos, Ángel, es a su vez el presidente de Indra. A pesar de que se ha apartado de la operación y de que cuenta con el apoyo de otros accionistas, finalmente el Gobierno a través de la Sepi está forzando que en lugar de una fusión sea una compra, lo que limitará tanto el poder de los Escribano en la nueva Indra como la plusvalía financiera de la operación.

En todo caso, no es bueno que, en un momento tan estratégico, Indra entre en una confrontación entre los accionistas porque, en esta carrera por ser un campeón de la industria europea de defensa, no hay tiempo que perder. El segundo obstáculo es la presentación de un recurso ante el Tribunal Supremo por parte de Santa Bárbara, líder tradicional de la industria de defensa en España y propiedad de la norteamericana General Dynamics, que se ha considerado discriminada en las últimas adjudicaciones del Ministerio de Defensa por valor de casi 10.000 millones que han ido a parae a Indra y Escribano. Santa Bárbara dispone de tecnología que no solo es necesaria sino imprescindible para el liderazgo.

Así las cosas, convendría que ante una operación con tanto dinero público en juego, se extremaran el consenso y la transparencia. Esta apuesta supera los límites de una legislatura y junto a la justa retribución de los accionistas debe primarse el equilibrio territorial, la competitividad de los proyectos y una firme vocación europea. España tiene todos los ingredientes y los intereses espurios no pueden lastrar un proyecto que debe contar con todos en proporción a su músculo financiero y a sus capacidades.