Alerta necesaria y mejorable

No hace falta ser un fundamentalista ecologista para aceptar que la meteorología gana cada día capacidad de alterar la vida cotidiana de los países. Siempre lo ha hecho, pero el actual modelo socioeconómico multiplica el impacto de estos fenómenos, sean o no provocados por el cambio climático. Ante esta realidad, es lógico que las administraciones multipliquen los protocolos de prevención que eviten que los temporales no solo alteren el normal funcionamiento de los servicios sino que se cobren vidas. Más aún, cuando hoy los ciudadanos tienen mucha menos cultura meteorológica que la que tienen las personas que viven, por ejemplo, en núcleos rurales. Posiblemente, en España lo ocurrido en la dana de Valencia ha elevado el nivel de exigencia a las administraciones para que alerten de la gravedad de los peligros con el tiempo suficiente para que nadie comprometa su seguridad. Al Govern de Salvador Illa, por ejemplo, no le ha temblado el pulso en lanzar alertas de limitación de la movilidad y de restricción de algunas actividades desde que dirige la Generalitat, que tiene competencias plenas en materia de protección civil y de seguridad. Este miércoles lanzó una alerta para limitar la movilidad y suspendió las actividades escolares, deportivas y sanitarias no urgentes. Lo hizo por una previsión de viento, inédita hasta el momento, que se confirmó en la parte del territorio catalán en la que vive más gente y llegando a picos de casi 200 kilómetros por hora. La jornada se saldó solo con 86 heridos y muchos desperfectos en la vía pública y en algunos edificios. Tanto por la intensidad del fenómeno como por la poca gravedad de las víctimas podemos concluir que la alerta estuvo justificada. Pero es bueno también extraer lecciones como las que se extrajeron hace unos meses, cuando se amplió el número de niveles de alerta.

El primer tema a considerar pasa por perimetrar mejor el territorio en el que se practican las restricciones. El viento sopló con fuerza en Barcelona y en Tarragona pero no llegó a niveles excepcionales en Girona o Lleida, por ejemplo. El segundo aspecto debería ser profundizar en el sentido de las restricciones. Se aconsejó no realizar «desplazamientos innecesarios». ¿Cuáles son? Y se recomendó el teletrabajo, pero el grueso de los empleados públicos, maestros y médicos quedaron exentos de acudir a sus puestos. ¿Qué deben hacer las empresas? ¿Lo mismo que el Govern? ¿Y cómo compensarán las pérdidas? Puesto que este tipo de fenómenos han venido para quedarse y su impacto incluso puede crecer a medida que la movilidad crezca, se impone la necesidad de un diálogo con los agentes sociales para que las alertas del Govern se correspondan con protocolos de actuación a los que las empresas y los trabajadores o los ciudadanos particulares puedan ceñirse. Debería establecerse qué hacer cuando las tareas no permiten el teletrabajo, qué pasa con las citas médicas que llevaban un año programadas o qué compensaciones fiscales pueden tener las empresas que cesan su actividad para evitar costes mayores en términos de vidas humanas. En este asunto no sirve ni la crítica fácil, ni el negacionismo ni el fundamentalismo. Es necesario compartir el diagnóstico, establecer protocolos y entender todos los puntos de vista porque el fin es compartido: proteger a los ciudadanos que, a la vez, son trabajadores o empresarios.