Regularización: peor forma que fondo

El anuncio del nuevo reglamento que ha de permitir la regularización extraordinaria de personas migrantes que cumplan determinados requisitos a partir de este mes de abril ha generado opiniones encontradas. Lógicamente, elogios y satisfacción entre los afectados y en las entidades sociales que promulgaron la iniciativa legislativa popular que ha derivado en esta medida y, asimismo, entre amplios sectores del empresariado y también en instituciones como la Iglesia Católica, con un apoyo explícito de la Conferencia Episcopal. Una regularización de este tipo no se llevaba a cabo desde la época de Rodríguez Zapatero y, a lo largo de la historia reciente, se han vivido procesos similares tanto bajo gobiernos del PSOE como del PP, aunque siempre se habían hecho con el correspondiente trámite parlamentario. Esta séptima regularización, sin embargo, se produce en unos momentos en los que, como hemos explicado, muchos ayuntamientos y muchas poblaciones viven la inmigración desordenada con cierta preocupación por cuanto, aunque la mayoría de los españoles reconocen la necesidad de acoger a estos trabajadores, la realidad es que en un primer momento presionan sobre los servicios públicos, como hemos reflejado en nuestra reciente serie de entrevistas con alcaldes afectados. La regularización ayudará ciertamente a mejorar esta situación, pero la manera como se ha anunciado y la falta de consenso alertan de un posible efecto llamada que vuelva a iniciar la espiral del desorden.

El uso partidista de la medida por parte del Gobierno, que solo la ha acordado con uno de sus socios que no le garantizaría si la tramitara, como debería, en el Congreso ha tenido respuesta partidista por parte del PP, que ha intentado que la UE frenara el proceso, pero ha sido la propia Comisión Europea quien ha recordado que es competencia de los estados miembros decidir de qué manera gestionan la situación legal de las personas que ya viven y trabajan en ellos. Vox ha seguido a lo suyo sin un mínimo sentido de la realidad política y social.

Tanto a nivel humanitario como en el entorno macroeconómico, la regularización presenta evidentes bondades, empezando por la más obvia. Cuando un número tan elevado de personas se hallan en un limbo legal y cuando las estadísticas nos informan que es en buena parte gracias a sus aportaciones que crece la economía del país, el problema deja de ser individual y pasa a ser estructural. Y solo puede solucionarse con una medida que proporcione permiso de trabajo y residencia, es decir mayor claridad contractual y menor riesgo de proliferación del mercado negro y de la economía sumergida, como pidió hace unos meses Foment del Treball.

Esta regularización debe implicar una gestión transparente del proceso, con la acreditación correcta que prevé el reglamento, y con la colaboración de entidades que puedan acoger una tramitación que se prevé multitudinaria. Y con el objetivo de conseguir más competitividad, más seguridad jurídica, y una mejor convivencia.

Hay que denunciar las falsedades que se han hecho en un entorno de alta crispación, como por ejemplo que la regularización está pensada como un arma electoral. Cabe recordar, entre otras cosas, que los migrantes que se adhieran a la regularización no adquieren en ningún caso la nacionalidad española. Lo deseable hubiera sido llegar a esta medida a través de un amplio consenso, no buscado por quien impulsa la medida aunque luego lo reclame, pero también sería positivo para el país que no fuera percibida como un acción capitalizada políticamente, sino como aportación al progreso social que todos buscamos.