Opinión | GATO ADOPTIVO
Las dos Españas... ferroviarias
Pasajeros de Rodalies en la estación de Sants. / Kike Rincón / Europa Press
Hasta hace quince días, en España convivían dos mundos ferroviarios prácticamente desconectados: el de los usuarios de la alta velocidad y el del resto. Los primeros, en trenes impecables que devoraban distancias a 300 km/h, asientos cómodos y puntualidad que rozaba la obsesión estadística, han representado durante años el rostro moderno y exitoso del ferrocarril español, la joya de la corona que los gobiernos del PSOE y del PP enseñaban al mundo para justificar presupuestos millonarios. Los segundos, los millones de personas que cada día utilizan Cercanías, Rodalies o Media Distancia, han sufrido un universo paralelo de trenes abarrotados, averías recurrentes, retrasos crónicos… precariedad.
Adamuz y Gelida, con su trágica factura en vidas humanas, han acabado con esas dos realidades separadas por millones de inversión y han puesto en evidencia las dos Españas ferroviarias.
La mala noticia es que la igualación ha llegado, sí, pero por abajo: los usuarios de la alta velocidad han encadenado retrasos, restricciones, anulaciones… un mundo que les era ajeno hasta ahora, pero que era cotidiano para los viajeros de Cercanías y Rodalies, o de otras líneas convencionales. Lo sucedido estos días revela una jerarquía inversora que deriva de decisiones políticas: los trenes de proximidad y ancho convencional han tenido diez veces menos dinero que los de la alta velocidad, aunque esta transporta poco más de 40 millones de pasajeros al año y Cercanías/Rodalies, más de 450.
Es posible que usted esté pensando que esto es un despropósito, pero ha sido durante años la política ferroviaria española de todos los gobiernos, ya estuvieran presididos por el PP o por el PSOE. España tiene la segunda mayor red de alta velocidad del mundo, solo por detrás de China, pero ha sido incapaz de que los trenes circularan con fiabilidad de Parla a Madrid o de Blanes a Barcelona. Y lo que es peor: los usuarios han sido tratados como ciudadanos de segunda, con menos derecho a la movilidad.
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