Sánchez y la cesión de aeropuertos: cuando anunciar sustituye a gobernar

El Gobierno vuelve a anunciar promesas ambiciosas que sustituyen la política efectiva por meras declaraciones de intención. Así se entiende el compromiso del presidente Pedro Sánchez de cerrar en dos meses un acuerdo político con el lendakari Imanol Pradales para ceder la gestión de los aeropuertos al Gobierno vasco. Cualquier analista que no forme parte del coro de Moncloa o de Ajuria Enea tendrá la sensación, ya conocida, de estar ante una promesa cuyo recorrido práctico resulta, como mínimo, incierto.

Más allá del debate, legítimo, sobre el modelo de gestión de los tres aeropuertos vascos o las reivindicaciones territoriales que lo acompañan, el episodio ilustra una forma de gobernar cada vez más asentada: las palabras reemplazan a la acción.

Existen, además, límites objetivos difíciles de ignorar en este caso concreto, también aplicables a la reivindicación de Catalunya con El Prat. El sistema aeroportuario español, articulado en torno al gestor Aena —empresa con participación privada y modelo centralizado—, dificulta una cesión de este tipo sin una reforma profunda que no ha sido ni planteada ni explicada. Se trata de límites técnicos y jurídicos que el anuncio parece ignorar -aunque se limite a la cogestión-, así como obvia el riesgo de posibles demandas por parte de accionistas privados de Aena. El fondo británico TCI ya ha amenazado con acudir a los tribunales si se trocea una empresa cotizada en la que el Estado solo controla un 51%.

En cualquier caso, un Gobierno sin Presupuestos aprobados, y sin una mayoría parlamentaria sólida, recurre al anuncio como herramienta política, aun sabiendo que muchas promesas carecen de los instrumentos necesarios para materializarse. Se generan expectativas difíciles de cumplir y se pospone, una vez más, la rendición de cuentas.

Esta dinámica no es inocua. Cuando el anuncio sustituye a la acción y se convierte en un fin en sí mismo, la política deriva en una teatralización permanente que erosiona la confianza ciudadana y debilita la credibilidad institucional.

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