Regularizar para gobernar: la apuesta valiente de España para una Europa obsesionada por las deportaciones

En un momento en que Europa gira hacia el retorno forzado, las deportaciones y el endurecimiento de fronteras, la regularización española es un gesto político insólito. Ningún otro gobierno europeo ha asumido una medida de esta magnitud en plena ola securitaria. El Ejecutivo español rompe el consenso de contención y apuesta por abrir puertas legales para recuperar capacidad de gobierno y reconocer una realidad social que el sistema de extranjería ya no podía gestionar. Es un movimiento singular porque, mientras Europa levanta muros, España decide reforzar instituciones y afrontar la irregularidad como un problema de gobernabilidad, no de orden público.

Durante años, el modelo de extranjería había perdido eficacia. El arraigo social exigía tres años de invisibilidad; el arraigo laboral era casi inaccesible; la contratación en origen se había convertido en una ficción administrativa. Las oficinas de extranjería acumulaban retrasos estructurales y la irregularidad sobrevenida se multiplicaba. Cuando cientos de miles de personas viven en irregularidad durante años, el problema deja de ser individual y se vuelve estructural: es el síntoma de un sistema que ya no puede gobernar la realidad que debe regular.

En este contexto, la regularización es sobre todo una operación de gobernabilidad. Abrir puertas legales no es permisividad, sino una manera de recuperar control sobre un ámbito atrapado entre la burocracia y la improvisación. La irregularidad masiva impide inspeccionar, planificar, proteger y ordenar el mercado laboral. La regularización, en cambio, estabiliza a personas que ya forman parte del tejido social, descongestiona la administración y permite que el Estado vuelva a actuar con instrumentos efectivos. Es una medida de gestión que refuerza la capacidad institucional y reduce la dependencia de soluciones reactivas.

El contraste con Europa es contundente. Mientras la mayoría de los Estados miembros compiten por demostrar dureza —más deportaciones, más centros de detención, más externalización de fronteras—, España opta por una vía que parece casi herética en el clima actual. El retorno forzado se ha convertido en la piedra angular de la política migratoria europea, pese a su eficacia limitada y a sus costes humanos y económicos. En este escenario, la regularización española es única porque desafía la lógica dominante y reivindica otra manera de gobernar la migración: con realismo, derechos y capacidad institucional. Y lo hace mediante un mecanismo excepcional —un decreto que evita bloqueos parlamentarios— que ningún otro país europeo ha utilizado para una medida de esta escala.

La valentía del gobierno español radica en asumir esta decisión en un momento de polarización. Es una medida fácilmente atacable por discursos simplistas, pero necesaria para restablecer el orden administrativo y reconocer una realidad social que ya existía. La regularización envía un mensaje claro: la política migratoria no puede ser un concurso de dureza, sino una política pública orientada a resultados. Y los resultados esperados son claros: más cotizaciones, menos economía sumergida, más estabilidad laboral, mayor capacidad de inspección y una administración menos saturada.

Además, la regularización abre una ventana para repensar el futuro. Permite plantear reformas estructurales que arrastra desde hace años: arraigos más realistas, vías legales adaptadas al mercado laboral, mecanismos de entrada más flexibles y una coordinación más estrecha entre el Estado, las comunidades autónomas y los municipios. Es una oportunidad para construir una política migratoria que no gobierne a través de la irregularidad, sino a través de la capacidad institucional y la planificación.

Gobernar es asumir la realidad. En una Europa que se cierra, España da un paso que la distingue. No porque sea más “blanda”, sino porque es más realista. Queda por ver si se convertirá en un modelo o en un contra-modelo dentro de la Unión Europea, pero lo que es indudable es que esta regularización abre una fase de laboratorio político que Europa observará con interés. En un continente que busca respuestas, el experimento español puede marcar nuevos caminos —o nuevas tensiones— en la gobernanza de la migración-

Ricard Zapata-Barrero es catedrático de Ciencias Políticas en la Universitat Pompeu Fabra

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