Para que 2026 sea el año de la vivienda

La situación de la vivienda hoy es insostenible. Cáritas alertaba hace poco: cada vez atiende a más personas que viven en un comedor, duermen en una litera de la cocina o comparten espacio con la lavadora. Mientras tanto, la rentabilidad del negocio inmobiliario logró su máximo histórico, un 32,7%, el tercer trimestre del año pasado. Esta contradicción es la realidad de 2026. Y no hemos llegado aquí de la noche a la mañana: es el resultado de años en que la vivienda se ha transformado en un activo financiero, mientras la política no ha sabido —o no ha querido— poner límites.

Hace muchos años que hablamos de ello. Pero, más allá de los debates, hacen falta soluciones. No es ninguna casualidad que incluso Donald Trump haya puesto sobre la mesa la necesidad de prohibir las compras especulativas de vivienda. Porque cuando la vivienda se convierte en mercancía, los precios suben y somos expulsados de nuestras ciudades. Ahora bien, el reto no es solo frenar a quien compra para especular. Nuestro reto es garantizar que las familias puedan acceder a una vivienda, sea de alquiler o de compra. Y para hacerlo, necesitamos administraciones que acompañen.

Cada vez veo más a menudo esta situación a mi alrededor: personas con trabajo, parejas que quieren formar una familia, que pueden asumir una cuota de alquiler o una hipoteca, pero que quedan fuera del mercado porque no pueden avanzar el 20% de la entrada para la compra de una vivienda. En Barcelona, esta es una de las barreras más injustas. Miles de hogares podrían pagar una hipoteca, pero quedan excluidos porque los precios inflados hacen imposible ahorrar para esta entrada. Una consecuencia directa de años de financiarización y de trayectorias vitales marcadas por un modelo económico demasiado condicionado por salarios bajos y precariedad.

Esta barrera, si no se ataca, consolida una ciudad donde solo compra quien hereda o quien ya tenía patrimonio. O bien extranjeros con mayores rentas/salarios que sí que tienen capacidad de ahorro. Por lo tanto, necesitamos una respuesta integral. Y mientras combatimos las causas estructurales, tenemos que proteger de manera inmediata a los barceloneses que hoy no pueden acceder a una primera vivienda. O dicho de otro modo: mientras desplegamos una agenda decidida de políticas estructurales para regular el mercado y evitar prácticas especulativas, no podemos pedir a todo el mundo que ponga su vida en pausa. Porque la urgencia es hoy.

Por eso, desde Esquerra Republicana impulsamos, en este inicio de año 2026, una propuesta concreta y realista en Barcelona: crear conjuntamente entre el ayuntamiento y el Institut Català de Finances (ICF) de la Generalitat de Catalunya un instrumento de crédito que permita financiar el 20% no cubierto por los préstamos hipotecarios para la compra de la primera vivienda. Hoy, el ICF ya cuenta con herramientas similares, enfocadas principalmente a los jóvenes de hasta 36 años. Pero la realidad de Barcelona es que el acceso a la primera vivienda se atrasa: hay personas de 36, 40 o 45 años que continúan con la “emancipación pendiente”. Y tenemos que ofrecer una respuesta, sin límite de edad y adaptada a la realidad y a las condiciones de la ciudad de Barcelona.

Somos conscientes de la complejidad del fenómeno. Cualquier política que aumente la capacidad de compra tiene el riesgo de incidir en el precio si se diseña mal. Precisamente, por eso, esta medida tiene que ir ligada a límites y medidas antiespeculativas. Desde límites al precio de compra para evitar financiar a segmentos altos y fórmulas de protección de las viviendas, a mecanismos que impidan el 'flip' y la captura de plusvalías a corto plazo. Cuando la política pública actúa como un cheque general o como una expansión indiscriminada del crédito, el mercado se la come. Cuando actúa como una herramienta quirúrgica, muy regulada y coordinada con políticas de oferta que retira vivienda de los circuitos especulativos, puede convertirse en una palanca de justicia social.

Y Barcelona necesita ambas cosas con urgencia: gobernar el mercado y proteger a su gente. Si estamos perdiendo Barcelona, la respuesta tiene que ser más capacidad y determinación política. Y hoy, proteger quiere decir abrir la puerta —literalmente— a quien quiere vivir en la ciudad y no puede pagar la entrada de su casa. Este es uno de los muros que hay que romper si no queremos perder Barcelona. Este puede ser un primer paso para que 2026 sea, de verdad, el año de la vivienda. Y un primer paso, también, para recuperar nuestra Barcelona.

Elisenda Alamany es secretaria general de ERC y presidenta del grupo municipal de Esquerra en el Ayuntamiento de Barcelona