Catalunya en colapso

A lo largo de la historia, el ferrocarril ha sido el gran vertebrador de la geografía, tanto física, como humana. Diseñar un modelo ferroviario ha significado planificar un modelo de país y de economía y, por eso mismo, también ha sido muy importante cómo ha pesado el papel ideológico que lo vertebraba. En Catalunya, la convicción que el ferrocarril significaba el progreso, llevó al empresario Miquel Biada Buñol a encabezar la iniciativa privada para la primera línea de tren de la península, inaugurada en 1848, a pesar de las dificultades que sufrió por el intervencionismo del Estado. Se denominaba “Compañía del Camino de Hierro de Barcelona a Mataró” y sería la madre de otras compañías privadas que operaron en Catalunya hasta el franquismo. La última, la poderosa MZA, propietaria de la red ferroviaria de Catalunya, y dirigida por directivos catalanes. Así pues, desde 1848, en que se inauguró la Mataró-Barcelona, hasta 1941, en que el Consejo de Ministros de Franco creó el organismo público Renfe y nacionalizó la empresa catalana, el diseño ferroviario conciliaba la vertebración territorial con las necesidades económicas y el resultado era una red que servía al país.

Renfe lo cambió todo. Inspirada por el furibundo antirrepublicano y anticatalanista Alfonso Peña Boeuf, desde el primer momento se convirtió en un instrumento de dominio político centralista, alejado del necesario espíritu de servicio público. Un dominio político que también sería un enriquecimiento personal, porque Renfe se convirtió pronto en una pestilente bolsa de corrupción, donde los afectos al régimen encontraron recompensa económica. La misma Pilar Franco recibía una pensión mensual que equivaldría a la descomunal cifra de 20.000 euros al mes. Fue así como se implementaría un modelo ferroviario al servicio de una concepción de España, mal gestionado, sin planificación ni inversión racional y lleno de corrupción. Este es el modelo heredado que ahora impacta brutalmente en la red ferroviaria catalana. La prueba: la línea R1, aquella que fue pionera en el Estado, es ahora la que corre más peligro. Tenía que ser líder del crecimiento económico de Catalunya y ahora sufre ante el riesgo que el próximo temporal socave las vías. Ni estable, ni puntual y ahora ni siquiera es segura. Solo hay que recordar que, a pesar de su importancia en el sur europeo, Barcelona es la ciudad de más tamaño de Europa con las peores conexiones ferroviarias. De la potencia de 1848 a la decadencia de 2026. Decadencia que nos lleva al colapso. Por el camino, el modelo franquista, su persistencia en democracia y el listado ingente de incumplimientos, estafas, carencia de inversiones e ineptitud de los diferentes gobiernos españoles, que han castigado criminalmente la red ferroviaria catalana. Gobiernos en su mayoría socialistas, dado que el PSOE ha gobernado más años que el PP y los incumplimientos más flagrantes de inversión se produjeron en la época de Zapatero. Solo hay que recordar que el Pla de Rodalies de 2008, pactado con ZP después del desastre de los agujeros en Bellvitge, solo fue ejecutado en un 15%. De las promesas, a los incumplimientos: la eterna letanía del Estado con Catalunya.

La última estafa viene de la mano del pacto Sánchez-Junqueres para crear la empresa mixta Rodalies de Catalunya. Justamente la R1 será la primera línea traspasada, pero aquí viene la trampa: nada cambia. De entrada, la Generalitat presidirá la empresa, pero la nueva empresa no tendrá presupuesto propio, Renfe tendrá la mayoría accionarial, los maquinistas (contrarios a la descentralización) tendrán la última palabra, Adif continuará controlando las infraestructuras ferroviarias y las inversiones se decidirán en Madrid. Es decir: la Generalitat no podrá tomar ninguna decisión sin el permiso de Renfe, Adif y los maquinistas, y sin la voluntad del Gobierno central. Ningún cambio de modelo, a excepción del maquillaje retórico para vender humo electoral. Mientras tanto, una red ferroviaria deteriorada, inoperante y que ahora ya sabemos también que es peligrosa.

Y todo esto pasa con los socialistas gobernando el Estado, la Generalitat, tres de los cuatro ayuntamientos capitales y la mayoría de grandes ciudades metropolitanas. 400.000 usuarios diarios de una red infradotada, impuntual y peligrosa que está en el cortijo del PSOE. Difícil de sostener que la culpa la tiene el mal tiempo.