La gestión de lo cotidiano

Los incidentes en Rodalies y el colapso recurrente de infraestructuras viarias en Catalunya no son un episodio aislado ni una concatenación de infortunios. Son un ejemplo de la dificultad de los gobiernos contemporáneos para gestionar la cotidianeidad. La política tiende a concentrarse en lo excepcional -grandes reformas, anuncios estratégicos, planes de choque-, pero la legitimidad se construye en el terreno de lo prosaico: que los trenes circulen, que las carreteras sean seguras, que el agua llegue a los hogares. Y cuando esto falla, el descrédito institucional se acelera, porque la ciudadanía juzga la acción pública desde su experiencia cotidiana.

Hace un año, Catalunya atravesaba una sequía que obligó a aplicar severas restricciones. Entonces se evidenció que, durante años, se habían postergado proyectos estratégicos, como las desaladoras, que habrían permitido amortiguar el impacto de un fenómeno perfectamente previsible en un contexto de cambio climático. Hoy, de manera paradójica, el problema ya no es la escasez de agua, sino el exceso de lluvias. De nuevo, la meteorología actúa como detonante, pero no como causa última, provocando accidentes ferroviarios, interrupciones del servicio y colapso de infraestructuras viarias. Las lluvias intensas no son un fenómeno inesperado; lo es que sistemas críticos no estén preparados para soportarlas con un mínimo de resiliencia. Cuando una red ferroviaria -y viaria- falla de manera reiterada ante sucesos climáticos relativamente predecibles, la causa no es la fatalidad, sino déficits de previsión, inversión y mantenimiento.

Esta incapacidad para gestionar la normalidad -incluso ante episodios excepcionales pero previsibles- revela un grave problema de la gobernanza contemporánea. Los gobiernos operan bajo lógicas de corto plazo, condicionados por calendarios electorales, restricciones presupuestarias y una creciente fragmentación competencial. Unas circunstancias que convierten el mantenimiento en algo poco rentable políticamente, quedando relegado hasta que su ausencia se manifiesta en forma de fallo del sistema. A lo que se añade una arquitectura institucional compleja que diluye responsabilidades, como en el caso de Rodalies, donde la superposición competencial facilita la atribución cruzada de culpas, pero dificulta una rendición de cuentas efectiva, algo del todo irrelevante para el ciudadano que solo aspira a desplazarse con normalidad.

Y en este contexto, la única administración que parece funcionar a la perfección es la tributaria. Justo la que no presta servicios al ciudadano, sino que se sirve de él. La eficiente puntualidad en el cobro de impuestos contrasta con la precariedad en la prestación de servicios, circunstancia que alimenta la percepción de asimetría: el Estado exige con rigor pero responde deficientemente. Una disonancia que erosiona la confianza institucional y refuerza una visión del Estado como aparato extractivo más que como garante del bienestar.

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