Reformar antes de recortar
El objetivo no es solo modernizar lo obsoleto, sino mejorar la calidad de los servicios públicos y prestigiar a la administración, que es la única manera de legitimar el poder público ante las corrientes que defienden los recortes
Illa lanza su reforma de la administración pública de la Generalitat con 50 propuestas de expertos

Leonard Beard / 5
Las administraciones públicas en todo el mundo desarrollado se encuentran en un punto de inflexión. Los recursos públicos son escasos (la presión fiscal no puede aumentar mucho más), los déficits públicos enormes y las necesidades de gasto crecientes debido al envejecimiento demográfico. Nuestro país no es una excepción.
Ante esta realidad, el sector público solo tiene dos opciones: reformar para ser más eficiente o recortar. A diferencia de lo que está ocurriendo en Estados Unidos o Argentina, donde se están aplicando recortes drásticos en la administración pública, los países europeos democráticos están apostando por reformarla. Un reto nada sencillo, con poco rédito electoral a corto plazo, pero urgente y fundamental para aumentar el potencial de crecimiento, puesto que las relaciones entre empresas y administración se han deteriorado hasta convertirse en uno de los principales obstáculos para la inversión y la creación de riqueza.
Durante demasiados años, la administración catalana y española ha mirado hacia otro lado. El deterioro ha llegado a un punto insostenible: telaraña normativa, inseguridad jurídica, hiperburocracia defensiva, desmotivación de los trabajadores públicos y pérdida de calidad en la atención ciudadana. El diagnóstico es conocido y el objetivo de la reforma es claro: hacerla más fácil, más ágil, más tecnológica y más profesional. Desde el Fórum de Entidades por la Reforma de la Administración (FERA), que agrupa a diez entidades de la sociedad civil catalana, hace más de una década que reclamamos con insistencia esta reforma. Catalunya cuenta hoy con un Govern con voluntad política y un equipo técnico comprometido para abordarla.
El Govern de Illa ha puesto en marcha un plan de choque y encargó a un grupo de expertos (CETRA) la elaboración de propuestas que hemos estado trabajando durante 10 meses. En noviembre de 2025 entregamos el documento, que el presidente Illa asumió como "el plan del Govern".
El documento incluye 50 medidas concretas y viables, algunas solo dependen de la Generalitat y otras tendrán que pasar el trámite parlamentario, como la ley del directivo público profesional, la ley de simplificación en el ámbito urbanístico y ambiental o la ley de ocupación pública. De entre todas las medidas, algunas serán palpables rápidamente por la ciudadanía (como la eliminación de la cita previa, la red de oficinas de atención ciudadana y la agilización de ciertos trámites), otras serán palancas de un cambio que será visible en 2-3 años (nuevo sistema de selección) y las reformas más profundas (como la dirección pública profesional) se notaran en futuras legislaturas.
En los próximos 10 años, el 24% de los trabajadores públicos se jubilarán. Esta renovación es una oportunidad para redefinir el modelo de selección, incorporar competencias digitales y atraer talento innovador.
Hacer trámites es hoy una carrera de obstáculos para las empresas: pedir una licencia de obras, un permiso ambiental, una subvención o presentarse a una licitación pública. En la era de la IA, el potencial de automatización es enorme, pero es necesario simplificar antes de digitalizar. La IA puede ayudar a gestionar subvenciones, conceder licencias, predecir impactos y evaluar políticas. Por eso, necesitamos empleados públicos formados en tecnología y dispuestos a impulsar cambios transformadores.
La reforma debe ser un proceso continuo que durará en las próximas décadas, y es necesario que todos los partidos políticos estén comprometidos a apoyarlo. También es necesario que se sume el Parlament de Catalunya, ya que una ley no puede tardar hasta dos años en ver la luz. El objetivo no es solo modernizar lo obsoleto, sino mejorar la calidad de los servicios públicos y prestigiar a la administración, que es la única manera de legitimar el poder público ante las corrientes que defienden los recortes de servicios públicos.
Estamos al inicio del camino y los resultados tardarán en hacerse notar. Pero si el liderazgo político es sólido y los profesionales públicos se implican, puede generarse una dinámica positiva que retroalimente el cambio. La magnitud del reto es enorme, pero el transatlántico empieza a moverse, solo hay que poner velocidad y dirección.
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