Mercosur saldrá caro a la UE

La aprobación con fórceps en la Unión Europea (UE) del tratado comercial con Mercosur (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay) saldrá cara, porque agrava las fracturas políticas dentro de la UE cuando reforzar la cohesión interna es esencial para asegurar el futuro del proyecto europeo, acechado por la inestabilidad global y la hostilidad de su principal aliado, Estados Unidos.

El beneficio de incrementar el producto interior bruto (PIB) de la UE en solo un 0,1% a largo plazo, según el estudio de la London School of Economics encargado por la Comisión Europea, parece parco frente a su elevado coste político, al rechazo ciudadano a que entren productos sudamericanos tratados con pesticidas tóxicos prohibidos en la UE y a su impacto negativo en sectores agrarios esenciales para la soberanía y seguridad alimentaria de la UE.

El informe encargado por el Gobierno español señala que los efectos positivos solo se verán en 15 años, con un impacto positivo del 0,23% del PIB español en 2041. Otro informe del 'think tank' austriaco OFSE también limita al 0,1% el incremento del PIB de la UE e indica que podría suprimir 120.000 empleos europeos a largo plazo.

Factor de desestabilización

El Acuerdo con Mercosur subleva al mundo rural europeo y a un porcentaje significativo de los ciudadanos, lo que puede ser desestabilizador de cara a los sucesivos comicios nacionales, regionales, locales y presidenciales previstos en distintos países de la UE a lo largo de 2026 y 2027.

Además, el Acuerdo con Mercosur recorta la propia soberanía legislativa de la UE, porque incluye en el capítulo 21 la posibilidad de que los países del Mercosur puedan exigir compensaciones a la UE, si la UE o uno de sus miembros adopta medidas o leyes que afecten negativamente a sus expectativas de beneficios, aunque esas leyes no contravengan el texto del acuerdo comercial.

Francia, Polonia, Hungría, Austria e Irlanda, que votaron en contra de la aprobación del acuerdo, suman más del 29% de la población de la UE y si se añade Bélgica, que se abstuvo, el porcentaje supera el 31%. Imponer por la fuerza un acuerdo muy controvertido, que no cuenta con el respaldo de casi un tercio de la población de la UE, es jugar con fuego en la actual coyuntura de descontento social, descredito de las instituciones políticas y auge electoral de la ultraderecha y de las fuerzas euroescépticas y nacionalistas.

Legalidad en entredicho

La mera aprobación de acuerdo ya ha causado tensiones en la coalición de cinco partidos que gobierna Rumania. Los ministros socialdemócratas (PSD) y de la alianza de la minoría húngara (UDMR) criticaron que el primer ministro, el conservador Ilie Bolojan, aprobara el acuerdo sin consulta, ni debate previo dentro de la coalición gubernamental. La ultraderechista Alianza para la Unión de los Rumanos (AUR) encabeza la intención de voto con el 35%, 16 puntos por delante del PNL del primer ministro Bolojan, según el último sondeo del centro Curs. Otros dos partidos ultras suman un 8% adicional.

Los presidentes de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y del Consejo Europeo, Antonio Costa, firmarán el Acuerdo con Mercosur el 17 de enero en Asunción (Paraguay). Von der Leyen y Alemania, cuya industria es la beneficiaria fundamental del acuerdo, han maniobrado para hacer entrar en vigor el tratado sin esperar a su preceptiva aprobación por el Parlamento Europeo.

Numerosos eurodiputados cuestionan la legalidad del Acuerdo con Mercusur, en especial las clausulas de compensación previstas si Mercosur considera que las futuras leyes europeas perjudican sus intereses, porque restringe la soberanía y la capacidad legislativa de la UE. Los gobiernos europeos llevan pagando indemnizaciones multimillonarias a compañías privadas desde hace más de dos décadas en base a cláusulas parecidas. El Parlamento Europeo tiene previsto votar el 21 de enero pedir al Tribunal de Justicia de la UE que analice si el Acuerdo con Mercosur es compatible con el derecho comunitario y los tratados de la UE. El Gobierno polaco también planea recurrir al Tribunal de la UE.

Las organizaciones agrarias y ecologistas advierten de que, además del dumping social, el acuerdo abrirá la puerta a productos agrícolas tratados con pesticidas tóxicos prohibidos en la UE y a carne de animales tratados con hormonas y antibióticos. Estas organizaciones denuncian que las medidas de salvaguardia anunciadas por la Comisión Europea son ficticias, porque no se exige las mismas normas fitosanitarias a Mercosur y es imposible una inspección eficaz.

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