Montero y la letra pequeña del nuevo modelo de financiación autonómica

La vicepresidenta del Gobierno, ministra de Hacienda, vicesecretaria del PSOE y candidata a la presidencia de la Junta de Andalucía, María Jesús Montero tiene hoy el complicado papel de presentar al Consejo de Política Fiscal y Financiera, donde se sientan las comunidades autónomas, el nuevo modelo de financiación que pactaron Sánchez y Junqueras la semana pasada. La base de este acuerdo es un trazo de brocha gorda del modelo que permite una interpretación contrapuesta por las partes. Y de ahí no van a pasar porque la falta de mayoría parlamentaria no exigirá que se redacte hasta el detalle de un articulado en el que la ambigüedad, necesariamente, desaparecería. De manera que hasta hoy, el modelo es fundamentalmente un powerpoint del que los estudiosos sacan petróleo.

 Nuestro experto en política monetaria y fiscal, Pablo Allendesalazar ha desmenuzado con su habitual bisturí los principios del nuevo modelo con la última liquidación disponible, correspondiente al 2023. Y las cosas no son como las presenta siempre el potaje madrileño aderezado por el ansia de rédito político de Esquerra. Si sumamos lo recibido por habitante ajustado a lo esbozado en el nuevo modelo, el ránking de autonomías que mejoran relativamente su financiación está encabezado por Murcia y València, seguidas de Castilla-La Mancha, Andalucía y, ahora sí, Catalunya. Aún se podría hacer otro ejercicio: analizar los resultados si en lugar de reformar el sistema, simplemente lo actualizaran. Ocurriría entonces que Catalunya también incrementaría su dotación porque ha ganado 2 millones de habitantes mientras que Andalucía, por ejemplo, solo ha ganado 300.000. Pero además ha ganado población joven por la inmigración y mayor de 65 años por los boomers, por lo que en habitantes ajustados ganaría terreno sin tocar nada. Pero decir que Esquerra no ha sido tan decisiva no gusta ni a unos ni a otros, mientras que lo contrario solo beneficia a Vox. La brocha gorda no entiende de tecnicalities. Si algún día tuviéramos que hacer un debate de verdad, el potaje debería también ser consciente de que el mismo concepto de población ajustada ya incluye una buena cuota de solidaridad porque pondera más a los habitantes con más necesidades (infancia y tercera edad), mayor vulnerabilidad (tasa de paro) y mayor coste de los servicios (dispersión y despoblación). De manera que si la ordinalidad se calculase sobre la base de la población ajustada no sería exactamente lo que el independentismo reclama porque el divisor de la aportación no sería el mismo que el de lo recibido por habitante. Pero vaya, eso quedará para otra negociación. 

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