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Opinión | Zona de Bajas Emisiones
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Legal pero no justa

Sin solucionar el problema del transporte público, toda restricción del privado es percibida como agravio sin visión social ni sentido de la realidad de la ciudadanía

El Govern libera a 24 ciudades de implantar una ZBE obligatoria por su buena calidad del aire los últimos años

Las ZBE tratan de reducir la contaminación en las ciudades

Las ZBE tratan de reducir la contaminación en las ciudades / AMB

Continua el periplo sobre la implantación de las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) en las grandes ciudades catalanas. El TSJC ha avalado ahora la versión que presentó el Ayuntamiento de Barcelona en 2023, recurrida por actores sociales. La ZBE es ya una realidad ineludible, pero los debates parecen seguir abiertos y la administración pública no da respuestas claras, factibles y conciliadoras que faciliten la predisposición social hacia la medida ambiental.

Barcelona está saturada de vehículos privados que contaminan y la edad media de la flota de coches particulares supera la recomendada. Los coches más viejos son los más contaminantes y suelen ser de los hogares con menores ingresos. Por lo tanto, la 'solución' tiene un mayor impacto negativo en los más afectados por la restricción.

Otra solución es el transporte público pero la realidad es que el sistema sigue siendo ineficiente. Una red de movilidad que no ha sido suficientemente actualizada ni modernizada, que recibe muchos más usuarios de los que se había planificado y que no ofrece buenas conexiones para dejar el coche fuera de la ciudad. Sin solucionar el problema del transporte público, toda restricción del privado es percibida como agravio sin visión social ni sentido de la realidad de la ciudadanía.

Por otro lado, el transporte privado no es la única fuente de contaminación. El recurso del Gremi de Tallers y los Afectados por las Restricciones señala el Port de Barcelona y la incineradora Tersa, principalmente. El Ayuntamiento no puede permitirse que la medida parezca discrecional y poco trabajada. El consistorio debe tener, y explicar mejor si ya la tiene, una estrategia horizontal respecto a las emisiones y la contaminación. La ciudadanía afectada (propietaria de vehículos no autorizados) debe poder comprobar que la medida va dirigida también a empresas privadas, entidades públicas u organismos que contaminen. No tendría sentido para ningún ciudadano que se le prohíba sacar el coche el fin de semana para salir de la ciudad, pero en cambio estén atracando gigantescos cruceros a diario.

La implantación de las ZBE es necesaria y nos beneficia a todos. Ahora, después de esta última sentencia del TSJC, ya es una medida redactada y prevista de forma que cumple con la legalidad. Ahora falta que, además de ser legal, sea justa y para ello debe ir acompañada de coherencia y transversalidad estratégica.

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