Junts no quiere ser Convergència

Han pasado ya veinte años desde entonces. El sábado 21 de enero de 2006, José Luis Rodríguez Zapatero y Artur Mas -entonces en la oposición en una Catalunya gobernada por el tripartito de izquierdas- se reunieron en la Moncloa para desbloquear las negociaciones del nuevo Estatut. Tras siete horas de encierro, cerca de la medianoche, se alcanzó un acuerdo sobre los principales puntos de discrepancia. ERC, sin embargo, no aceptó lo pactado y acabó haciendo campaña en contra del nuevo texto.

El pasado jueves 8 de enero de 2026, comparecían Pedro Sánchez y Oriol Junqueras en la Moncloa para anunciar que se habían puesto de acuerdo sobre la nueva financiación autonómica. Catalunya seguirá formando parte del régimen común (que incluye a todas las comunidades menos al País Vasco y Navarra) y está por ver si acabará recaudando todos los impuestos. El resultado, se dice, equivale al que se produciría atendiendo al principio de ordinalidad (si Catalunya es la tercera en aportar, debería ser también la tercera al recibir recursos). Pese a ello, no está claro que este principio quede fijado en la nueva ley. Lo que se hará, fundamentalmente, es reformar los criterios de reparto y, sobre todo, inyectar más fondos por parte del Estado (casi 21.000 millones) para que todas las comunidades salgan ganando.

Alberto Núñez Feijóo y el PP rechazan la nueva financiación. En realidad, ya la rechazaban antes del acuerdo Sánchez-Junqueras. Feijóo está inmerso en un tipo de oposición feroz, destructiva, lo que implica decir ‘no’ a cualquier iniciativa relevante que provenga de los socialistas. Los populares tienen un solo objetivo: provocar la caída de Sánchez cuanto antes. Por lo tanto, votarán en contra de la nueva financiación a pesar de ser ellos los principales beneficiarios, dado que gobiernan en la gran mayoría de autonomías. Hicieron lo mismo cuando se anunció la condonación de parte de la deuda -a través del Fondo de Liquidez Autonómica- de las comunidades con el Estado. La táctica del PP consiste en repetir que lo que se pacta con los catalanes -más aún si son independentistas- nunca puede ser bueno para España. Consideran que activar la catalanofobia y enmascarar el análisis racional es una argucia que siempre acaba funcionando, aunque suponga una pérdida de miles de millones para los ciudadanos de las autonomías donde el PP gobierna.

Ante esta coyuntura, el papel de Junts per Catalunya resulta, una vez más, fundamental. Si ellos no apoyan la nueva financiación, esta naufragará y Catalunya dejará de percibir casi 4.700 millones de euros anuales (lo que supone cerca de un 12% del presupuesto de la Generalitat). Al igual que el PP, Junts nunca se ha planteado sumarse al acuerdo. De hecho, se trata de una iniciativa exclusiva de ERC. Aunque en un país normal cabría esperar que los dos principales partidos soberanistas trabajaran codo con codo en una cuestión de este calado, no ha sido así. Aquí las cosas funcionan justo al revés. Una vez conocido el desenlace de la reunión Sánchez-Junqueras -que, a su vez, ha supuesto la rehabilitación de la figura del republicano en la política española-, Junts se ha apresurado a rechazar el pacto. Es más: ni siquiera se plantea negociar una mejora. Su argumento: puesto que el sistema no es como el que tienen vascos y navarros, no lo queremos.

Aspirar a un modelo al margen del régimen común es perfectamente legítimo, por supuesto. También ERC desearía tenerlo. Pero una negociación es una negociación, y los republicanos, como ellos mismos señalan, han llegado al mejor acuerdo que les ha sido posible. Un análisis frío de la situación debería llevar a Junts a aceptar lo pactado y seguir trabajando para lograr un sistema lo más cercano posible al de País Vasco y Navarra. Es el gradualismo pujolista, condensado en aquella máxima del “peix al cove” (pájaro en mano). Fue precisamente esta aproximación pragmática la que llevó a Convergència -a Pujol primero, a Mas después- a ganar un montón de elecciones y a convertirse en un partido mayoritario y un actor principal de la política catalana y española. Pero Junts -pese a ser una derivación de Convergència Democràtica- rechaza el gradualismo y enarbola la lógica del “todo o nada”, del “blanco o negro”, a pesar de que al ciudadano de a pie -incluidos muchos votantes de Junts- le cueste mucho comprender por qué demonios hay que tirar a la basura 4.700 millones. Ser o no un partido central en Catalunya no parece, sin embargo, inquietar demasiado a Carles Puigdemont y a su dirección. No quieren ser como Convergència, renuncian a ello.

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