La Iglesia frente a la pederastia: un gesto insuficiente que no se puede ignorar

La indemnización anunciada para las víctimas de la pederastia eclesiástica llega tarde y es insuficiente. Ningún acuerdo puede borrar décadas de abuso silenciado, encubrimiento institucional y dolor prolongado. Aun así, el pacto alcanzado el jueves entre el Gobierno y la Conferencia Episcopal es necesario y marca el camino. Establece un compromiso concreto para atender a las víctimas que proponga el Defensor del Pueblo y abre mecanismos de compensación económica a cargo de la Iglesia. Aunque limitado -las víctimas disponen de un año para presentar las solicitudes y no se fija ninguna cuantía concreta-, representa el primer paso concreto hacia la reparación. Sorprende, por tanto, la reacción pública tan contenida que ha suscitado, muy alejada de la contundencia con la que durante años se ha denunciado esta realidad. 

Hasta ahora, la exigencia ante los abusos de la Iglesia era clara: responsabilidades, reconocimiento del daño y justicia. Señalar a los culpables era urgente y necesario. La dificultad surge ahora cuando se abre un camino hacia una reparación, parcial y tardía, para aquellas causas que no hayan tenido y no puedan tener recorrido judicial ya sea por la prescripción del delito o por la muerte del abusador. La medida resulta insuficiente, pero es innegable que señala un movimiento hacia la atención a las víctimas. 

Esta tensión refleja un cambio de perspectiva. Durante años, la atención se centró en la denuncia y el castigo; ahora aparece un gesto que, aunque limitado, reconoce a los afectados por los abusos. No borra el pasado ni exonera a nadie, pero demuestra que actuar de manera concreta es posible. 

Criticar la pederastia y exigir más -como cambiar el código penal para que los delitos no prescriban- sigue siendo imprescindible. Pero solo tiene sentido si se reconoce el avance parcial logrado, que permite reclamar de manera coherente su cumplimento total. Para ello se necesitan más recursos, mayor transparencia y un protagonismo real de las víctimas. Reconocer los pasos dados por la Iglesia no implica conformismo. Refuerza la legitimidad de la exigencia y recuerda que la reparación debe completarse.

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