Ayuntamientos e inmigración

Los ayuntamientos son la administración más cercana a la ciudadanía y la primera en recibir el impacto de los grandes cambios sociales. La inmigración es hoy uno de ellos. En el día a día, los gobiernos locales empadronan, escolarizan, atienden emergencias sociales y gestionan la convivencia en los barrios, actuando como la principal puerta de entrada al sistema público.

Este papel central se desarrolla en un contexto de recursos limitados. La presión sobre los servicios sociales y las ayudas públicas puede generar tensiones entre colectivos igualmente vulnerables y alimentar percepciones de agravio. En educación y vivienda, la acumulación de precariedad en determinados barrios dificulta la cohesión y refuerza dinámicas de segregación. En el espacio público, la irregularidad administrativa y la economía informal complican la gestión de la seguridad y la convivencia cotidiana. Unas tensiones a las que se suma una dimensión especialmente sensible: la religiosa y cultural. La diversidad de creencias y prácticas forma parte de la realidad social, pero exige políticas activas basadas en normas compartidas y valores comunes; cuando faltan criterios claros o liderazgo institucional, los conflictos afloran y erosionan la confianza.

La capacidad de respuesta municipal, además, está condicionada por una doble limitación estructural. Por un lado, una rigidez competencial que impide a los ayuntamientos actuar sobre las causas de muchos de estos problemas, que dependen de otras instancias de gobierno. En este sentido, combatir la inmigración irregular y el papel de las mafias que se lucran de la vulnerabilidad de las personas migrantes no es una competencia municipal, pero sí una condición necesaria para evitar que la precariedad se cronifique y termine trasladándose a los barrios. Ordenar los flujos migratorios, desmantelar estas redes, reforzar la cooperación policial y agilizar los permisos de trabajo y residencia son responsabilidades del Estado y de las administraciones supramunicipales.

Por otro, una infrafinanciación crónica que reduce su margen de actuación justo cuando la presión sobre los servicios locales es mayor. El reciente consenso alcanzado en el Parlament para reforzar la financiación municipal, con fondos extraordinarios y el impulso de una ley catalana de finanzas locales, supone un reconocimiento de esta realidad, aunque todavía no ofrece una solución estructural y estable acorde con las responsabilidades asumidas.

Y por último, hay un debate que no puede seguir esquivándose. Negar los retos asociados a la inmigración no los hace desaparecer; solo deja el terreno libre a discursos simplificadores y excluyentes. Reconocer sus beneficios y garantizar derechos es compatible con exigir el cumplimiento de las normas y promover una integración efectiva. Rehuir un multiculturalismo convertido en relativismo, que diluye reglas y responsabilidades compartidas, es condición necesaria para preservar la convivencia. Afrontar el debate sobre la inmigración con datos, realismo y corresponsabilidad institucional es hoy una exigencia democrática. Justo lo que pretende EL PERIÓDICO con la serie de entrevistas y reportajes con alcaldes de distintos municipios catalanes que inauguramos hoy.