Catalunya propone, pero...

La propuesta de financiación autonómica, preanunciada por Oriol Junqueras y concretada el viernes por la vicepresidenta Montero, sería un paso adelante si al final es aprobada en el Congreso. El actual sistema de financiación data de 2009 y tenía que ser reformado en 2014, pero no se hizo y por eso -doce años después- ha quedado totalmente desfasado.

Y como en 2009 -no es pues nada nuevo- la iniciativa ha partido del Gobierno catalán -entonces, el tripartito de José Montilla con ERC e ICV pactaron los principios con el presidente Zapatero- y ahora el PSC, que gobierna la Generalitat, y ERC, que pactó la investidura de Salvador Illa a cambio de una financiación especial para Catalunya, lo han negociado con Pedro Sánchez.

Nada muy nuevo bajo el sol porque el Estado autonómico -al que dio luz verde la Constitución- no hubiera nacido sin las presiones del PNV -que logró el concierto por precedentes históricos- y de los partidos catalanistas: CiU, PSC, ERC y PSUC. Conviene no olvidarlo, cuando García-Page y el PP lamentan que la iniciativa sea catalana. Aunque ahora Oriol Junqueras ha tenido su momento de gloria, porque es el líder independentista que ha acabado optando por negociar la gobernabilidad 'posprocé's de Catalunya y España.

Que el PSC y ERC, dos partidos opuestos respecto al futuro de Catalunya, se hayan puesto de acuerdo para un sistema de financiación autonómica que debería durar hasta 2032 es un factor de estabilidad tanto para Catalunya -un paso más hacia la normalidad- como para España. En Catalunya puede además propiciar -junto a otros requisitos- la aprobación de los presupuestos de 2026. Pero necesitará ser aprobado por las Cortes y no será nada fácil. Requeriría que finalmente el PP no lo tumbara -aunque no lo apruebe-, o de que Junts lo votase, pese a que haya reaccionado en contra. En Catalunya, aunque se pida más -ahí está la posición de Foment que tiene buenas relaciones con Junts…y con el PP- será difícil oponerse a recibir 4.700 millones extra con un sistema con dosis de ordinalidad, que ninguna comunidad quede preterida en lo que recibe respecto a lo que aporta.

La financiación de 21.000 millones más proviene, básicamente (16.000 millones)m de un aumento de la participación de las autonomías en el IRPF (del 50% al 55%) y en el IVA (del 50 al 56,5%). Es razonable, porque las autonomías afrontan gran parte del gasto social (salud, educación…). Y Catalunya se beneficiará más, porque optará por el IVA que paguen sus pymes (otras autonomías también podrían hacerlo, pero les sería menos rentable) y por su mayor participación, junto a Valencia y Murcia, en el fondo de 1.000 millones contra el cambio climático.

Pero la aprobación está en el aire. Las comunidades del PP saldrían beneficiadas porque Andalucía es la que recibiría mas dinero extra (4.846 millones) y Valencia (3.669) dejaría atrás su actual infrafinanciación. Pero la ruptura total entre Sánchez y Feijóo -la gran lacra de la legislatura- hace muy difícil que el PP pase del no a la abstención. Así, la aprobación del modelo estará también -como tantas otras cosas- en manos de los siete diputados de Puigdemont. Su voto contrario -junto al PP y Vox- a que Catalunya reciba 4.700 millones más no será fácil de explicar. Pero Junts ha roto el pacto de investidura y sufre el acoso electoral de Sílvia Orriols. Junts baja en las encuestas (a la Generalitat y al municipio barcelonés), mientras que ERC -más realista y con un líder 'barroco', pero resiliente- tiende a recuperarse de su caída en las últimas elecciones catalanas. ¿Qué acabará decidiendo Puigdemont, que todavía no tiene la amnistía aprobada en el legislativo?

Doce años de retraso son un absurdo, pero el fondo del asunto es que en un Estado autonómico es difícil avanzar si los dos grandes partidos -que mandan en el Gobierno central y la mayoría de las autonomías- no logran mínimos acuerdos. Y el mal no es solo de hoy.

Nadie sabe lo que pasará, porque la legislatura parece agotada, pero es indudable que -otras cuestiones relevantes aparte- subir la participación de las autonomías en el IRPF y en el IVA es obligado para mejorar un sistema de financiación autonómico que no puede quedar inmovilizado en lo fijado en el muy lejano 2009.

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