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Opinión | Gestión pública
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Los datos en sanidad y las nuevas formas de desigualdad

Compartir información al completo, algo deseable, abre una espita a desigualdades que derivan del acceso a los tratamientos en el sistema sanitario público

La Comunidad de Madrid concluye que "no existe evidencia" de que el Hospital de Torrejón reutilizase material sanitario de un solo uso

Fachada del Hospital Universitario de Torrejón, a 1 de diciembre de 2025, en Torrejón de Ardoz, Madrid (España).

Fachada del Hospital Universitario de Torrejón, a 1 de diciembre de 2025, en Torrejón de Ardoz, Madrid (España). / Eduardo Parra - Europa Press

¿Quién duda de que no es posible hoy una medicina mínimamente científica si no puede basarse en la evidencia de los datos y de la información sobre la efectividad de la asistencia? Es por ello que se antoja normal que en un sistema en el que la asistencia privada tiene una relevancia tan grande como en el nuestro, no se puede prestar una buena atención a los ciudadanos sin que se compartan datos personales (del entorno y sociolaborales), sobre la utilización del dispositivo público, de acceso universal, y de los que se produzcan por un acceso complementario a la sanidad privada a cargo del usuario. De ahí el clamor para que la historia clínica del usuario sea única y accesible por parte, tanto del sistema público que lo gestiona, como del privado; una forma de colaboración público-privada que se entiende, pero que hoy tiene sus problemas. Dichos problemas se generan por la deriva observada en el seguro sanitario privado en la medida que abandona el segmento sustitutivo Muface propio de los funcionarios estatales, financiado públicamente -y sobre el que a menudo se construía un añadido, marginal a gusto y a costa del asegurado-, para ofertar exclusivamente cobertura parcial y complementaria. Y ello donde más beneficio se percibe: acceso más temprano, ante las listas de espera de la sanidad pública, y centrado en el diagnóstico. Este es el ámbito en el que la demanda, ante la angustia de una sospecha de enfermedad, a veces detectada en la propia sanidad pública, más fácilmente se vehicula hacia la sanidad privada, ya sea para su resolución o para un tratamiento, normalmente más temprano en la sanidad pública. La prima se alcanza por una demanda elevada en este tramo, sin renuncia expresa a la asistencia pública. Nada, por tanto, a subvencionar con deducciones fiscales, y por un coste moderado para unas pruebas diagnósticas que mantienen el 'glamour' y que se han abaratado en el tiempo de la mano de las economías de escala y de alcance tecnológicas.

Todo ello aparenta normalidad en una sociedad que contempla aspectos del acceso a la sanidad como si de una especie de bien de lujo se tratase, con menos tolerancia a la espera y más utilidad de tratamientos adicionales. Incluso se puede argumentar en favor de dicha tendencia que, de este modo, se libera lista de espera diagnóstica en el sistema público, lo que en principio mejora a todos los pacientes. Pero aquí se encuentra la clave del problema. Incorporada la información diagnóstica privada en la historia clínica ‘compartida’, el diagnosticado, a falta de regulación explícita, se sitúa en mejor posición que el resto para los tratamientos públicos. En concreto, accede antes respecto de quien ha seguido la doble lista de espera, de acceso a la atención primaria, de pruebas diagnósticas y después de tratamiento en el sistema público. No se estaría, en consecuencia, latinizando la sanidad española, ya que con ello nadie renuncia a los tratamientos de la sanidad pública. Es sabido que estos son más costosos, de menor interés por tanto para una aseguradora con primas competitivas, y cuentan con reconocido prestigio de sus profesionales, por mucho que compatibilicen con la práctica privada. Ello se debe al mismo acceso a los tratamientos, al trabajo en equipo, entre especialidades clínicas, de investigación, etc., con los que no puede competir la sanidad privada. De modo que, al final del día, compartir información al completo, algo deseable, abre una espita a nuevas formas de desigualdad que derivan del acceso a los tratamientos en la sanidad pública. Y estas no tienen que ver con el euro por receta o similares, sino a déficits asistenciales públicos y a oportunidades de aseguramiento comercializables, que tácitamente liman el discurso de la igualdad y universalidad que algunos políticos no cesan de proclamar.

Lo acontecido hace unos días en la sanidad madrileña, anteponiendo el lucro a las buenas prácticas clínicas, desde el núcleo de tratamientos públicos conveniados en colaboración público-privada, es el peor ejemplo de la deriva anterior.

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