Un acuerdo necesario

El acuerdo firmado por el Gobierno y la Iglesia Católica para resarcir y, en su caso, indemnizar, a quienes han sido víctimas de pederastia por parte del clero supone un hito histórico para la salud democrática española y, por supuesto, para aquellas personas que sufrieron abusos por parte de religiosos y que hasta ahora no habían recibido ningún tipo de reparación. Algunas de ellas no pueden acudir a los tribunales, porque judicialmente sus casos han prescrito o por la muerte del victimario. Aunque la Iglesia española actúa con cierto retraso respecto de las de otros países, hay que congratularse por el pacto alcanzado entre el Ejecutivo de Pedro Sánchez y los representantes eclesiásticos. Tal como sucedió en otros estados, en el caso español también se contempla la reparación económica para las situaciones que así lo requieran, aunque aún se desconoce con qué cuantía. El Defensor del Pueblo, que actuará de mediador en este acuerdo, recomienda utilizar los baremos de otros países europeos, pero la horquilla es muy amplia y va desde los 6.000 euros pagados de media por la Iglesia de Bélgica hasta los más de 62.000 que ha desembolsado la de Irlanda. Por otra parte, tal como había solicitado la Iglesia, el Gobierno se ha comprometido a abordar la reparación integral de las víctimas de abusos en cualquier otro ámbito de la vida social y ha aceptado que las reparaciones económicas estén exentas del impuesto sobre la renta, una exención que regirá también para las víctimas que ya han recibido indemnización por parte de la Iglesia.

Lo que buscan las víctimas no es exclusiva ni principalmente un resarcimiento económico, sino que en muchos casos se trata de lograr una compensación moral y psicológica tras años de sufrimiento. Quizás, por ello, el paso más importante dado por la Iglesia española en el acuerdo suscrito entre el ministro de Justicia, Félix Bolaños, el presidente de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello, y el presidente de la Conferencia Española de Religiosos, Jesús Díaz Sariego, es el reconocimiento de la existencia de comportamientos de pederastia en distintos ámbitos eclesiásticos en España. En ese sentido, es probable que una de las cuestiones que ha podido influir en la firma del acuerdo sea la posible visita a España del Papa León XIV, ya que el propio Vaticano tiene interés en que este asunto quede despejado del debate público y no interfiera en las relaciones con el Estado español.

Tras la firma del pacto, el papel del Defensor del Pueblo será fundamental en la resolución de los casos porque esa institución actuará como una suerte de árbitro una vez que las víctimas, alrededor de 440.000 en toda España, soliciten la reparación en el Ministerio de Justicia. En ese momento, el Defensor hará una propuesta de reparación para que se lleve a cumplimiento por parte de la Iglesia en el plazo de un año, prorrogable a otro más. Se trata de conseguir que las víctimas tengan procesos seguros y respetuosos, que no acrecienten el daño moral que ya han sufrido y sirvan, por el contrario, para resarcirles de los perjuicios que se les causó a lo largo de su vida. En cualquier caso, se trata de una medida bienvenida y necesaria.