Aguardando a la nueva financiación

Oriol Junqueras, presidente de ERC, confía en que esta misma semana, en la reunión con Pedro Sánchez en la Moncloa, logrará dar el empujón definitivo al pacto sobre la nueva financiación catalana. El republicano insiste en su entrevista con EL PERIÓDICO en que el nuevo sistema ha de respetar el principio de ordinalidad, es decir, que si Catalunya es la tercera autonomía que más aporta a la caja común, debe serlo también a la hora de recibir recursos. Como se recordará, el cambio en el modelo de financiación autonómica es la exigencia principal que ERC impuso para avalar la investidura de Salvador Illa como presidente de la Generalitat. Desde entonces –agosto de 2024–, la dirección de Esquerra ha estado negociando con el gobierno español y con el catalán sobre este siempre controvertido asunto.

El actual modelo se aprobó en 2009 y está caducado desde 2014. Lleva razón Junqueras cuando señala que, si hoy existe la posibilidad no solo de actualizar, sino también de mejorar muy notablemente la forma de recaudar y distribuir los fondos, es gracias al impulso republicano. Que el nuevo sistema llegue a buen puerto interesa a todas las partes implicadas. A ERC, siempre en competencia con Junts per Catalunya, para aparecer como un actor útil y comprometido con Catalunya. A Sánchez, para dar un poco de aire a una legislatura que agoniza, por un lado, por el bloqueo de Junts y, por el otro, por el rosario de casos de corrupción y acoso sexual que asedian a los socialistas. Para el president Illa, finalmente, supondría un éxito por cuanto que la luz verde a la financiación abriría la posibilidad de aprobar los presupuestos de la Generalitat.

Sin embargo, más allá de los intereses de cada uno de los actores principales, perfectamente legítimos, nadie discute a estas alturas la necesidad de una reforma profunda que asegure a Catalunya y al resto de comunidades autónomas perjudicadas la capacidad de impulsar los servicios públicos e inversiones que sus territorios necesitan. Para que tal cosa sea posible, y a fin de que ninguna autonomía se sienta agraviada, el Estado deberá, y todo indica que así va a ser, poner más recursos sobre la mesa de las comunidades. Lo que también parece claro es que el nuevo modelo no va a ser "singular" para Catalunya, como se anunció en su momento, sino generalizable. Singular para todos o, tal como apuntó la consellera Alícia Romero, «con visión federal».

Lo ideal sería que el modelo y las características del nuevo sistema se pacten también con el PP, que gobierna en la mayor parte de las catorce comunidades –las de régimen común– a las cuales afecta este asunto. Pero desgraciadamente parece que no va a ser así. Además, cabe recordar que lºcon el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), pese a que beneficiaba a todas las autonomías. Tanto o más importante será la actitud de Junts per Catalunya. Los de Carles Puigdemont han reclamado que Catalunya abandone el régimen común y avance hacia un sistema parecido al de País Vasco y Navarra. Junts tendrá que decidir, pues, si avala una propuesta alejada de sus exigencias o bien la rechaza aun sabiendo que con el cambio Catalunya dispondría de bastantes más recursos. Oriol Junqueras ha emplazado a Junts a apoyar el nuevo sistema y votar «a favor de Catalunya».