'Ley del Taxi' e interés general

Se prevé que en el mes de enero el Parlament de Catalunya empiece la tramitación de la llamada 'Ley del Taxi' (Ley de transporte de personas de vehículos de hasta nueve plazas), que, de concretarse en los términos actuales, daría plena satisfacción a las demandas de las asociaciones que representan a los profesionales del taxi como servicio público regulado e implica, en la práctica, la expulsión de nuestras ciudades de las compañías de VTC, como Uber, Cabify y Bolt y poner en peligro unos 4.000 puestos de trabajo.

Tanto estas plataformas como la patronal de los VTC, Unauto, han anunciado que, de aprobarse, llevarán la ley a los tribunales, puesto que consideran que vulnera la libre competencia y el derecho a la movilidad, con lo que con seguridad la actual confrontación continuará en el futuro. Hay que tener en cuenta que habrá que desarrollar el reglamento con los detalles de la aplicación de la norma y diseñar la fórmula para la transición hacia el nuevo modelo, un periodo en que la aplicación práctica de lo aprobado será condicional, a la espera de la intervención de la justicia.

La Ley del Taxi, tal como ahora está, supone proteger al taxi de la competencia por parte de los VTC, no hacer, como sería razonable, que esa competencia entre un sector sujeto a restricciones de servicio público y otro que arrancó en nuestro país sin apenas limitaciones resulte equilibrada a traves de las medidas compensatorias adecuadas. Es decir, nos retrotrae en la práctica a la situación anterior, cuando el monopolio del transporte no colectivo de personas estaba en manos de los taxistas al no existir los VTC.

La aparente falta de oferta de taxis y VTC, que se agravará si éstos últimos abandonan las calles, lleva a plantear si la ley responde más a las presiones de los taxistas, que en diversas ocasiones han demostrado que con sus vehículos son capaces, por ejemplo, de colapsar Barcelona o cualquier otra ciudad catalana, que a los intereses generales. El taxi debe seguir transformándose, optando por la modernización de su servicio y su adaptación a las necesidades de los ciudadanos. Y hacer en la práctica inviable la convivencia y la competencia no parece la mejor manera de estimular que ese proceso de mejora de la calidad del servicio del taxi, que en muchos aspectos ha sido evidente en los últimos años, prosiga.

Más aún porque todo apunta a que, en Barcelona y su conurbación, la oferta de transporte de personas actual ya está por debajo de lo adecuado. Una buena muestra es el encarecimiento del precio de las licencias o que, a pesar del gran aumento de la población y del turismo, las licencias en el Área Metropolitana sigan siendo las mismas que hace 30 años, un total de 10.500.

Los parlamentos, los gobiernos, la política en general, deben procurar el bien común, mejorar la via de los ciudadanos y respetar los derechos reconocidos de individuos y coletivos. Pero las leyes no pueden estar subordinadas a los intereses, por legítimos que sean, de un gremio o sector empresarial concreto. Todo hace prever que la batalla entre los taxis y los VTC continuará. Asimismo, pronto se abrirá otro frente de conflicto, el de la implantación de los coches autónomos. ¿Van entonces nuestros políticos a ceder de nuevo y van a prohibirlos?