Illa: una agenda catalana

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, hizo ayer un balance de la gestión de su Gobierno durante 2025 y, a la vez, dibujó las perspectivas deseables y/o posibles para 2026. El president prometió que está próximo un «punto de inflexión» en dos asuntos clave tanto para dar respuesta a los intereses ciudadanos como a las demandas de sus potenciales socios en la estabilidad del Govern –la vivienda y la financiación– y aseguró que se «dejará la piel» para que, tras una prórroga técnica de los presupuestos, sea posible acordar en el Parlament unas nuevas cuentas para el año próximo que permitan esos pasos adelante que han de ir más allá de una tranquilizadora pero insuficiente continuidad.

Pese a la falta de estabilidad que supone esta condición de Ejecutivo asentado en una minoría parlamentaria y con unos socios que pueden ver en el contexto político español una razón para endurecer sus condiciones, Illa ha podido presentar un balance razonable. No ha atendido, por supuesto, a todas las demandas de la sociedad catalana, ni siquiera a sus propias promesas programáticas, pero puede dar cuenta al menos un porcentaje importante, del 50%, de aprobación de las leyes previstas en su programa de gobierno para el año 2025. Teniendo en cuenta los incendios de principios del verano, el apagón de abril, problemas en la agricultura y la ganadería (desde los aranceles a la gripe aviar u otras enfermedades que afectan a la ganadería) y el brote de peste porcina que ha sido afrontado con decisión, Illa puede presumir, cuanto menos, de cierta eficacia en la gestión. Incluso de haber puesto las bases de una reforma de la administración catalana que la haga más transparente y eficiente, sin resignarse a las inercias del aparato burocrático de la Administración. A falta de poder presentar un balance más satisfactorio en cuestiones que fueron cruciales para los acuerdos con ERC y los Comuns, Illa se ha comprometido a que 2026 sea el año del traspaso definitivo de Rodalies y de la aprobación del modelo de financiación singular que reclaman los republicanos, algo que, de nuevo, el ciclo electoral en marcha en España no facilita precisamente. Pero el autogobierno de Catalunya ni debería estar supeditado a una agenda definida desde otras latitudes, y eso valdría también para quienes siempre han abominado del adjetivo sucursalista pero no siempre son coherentes con ello, ni faltan los problemas, y los mecanismos para dar respuesta a ellos, que dependen de las instituciones catalanas y de su relación y diálogo con la sociedad y los distintos agentes sociales.

El apaciguamiento de un país que viene de una ruptura de su convivencia interna es señalado por los nostálgicos del desastre de 2017 como una herramienta puesta al servicio de una dinámica desmovilizadora. Pero más bien, combinado con el foco en la gestión y en la concertación social, es la vía para salir del pozo. Se demuestra de nuevo cuando otra fractura que atraviesa de nuevo la sociedad catalana, esta vez en torno a la gestión de la inmigración.

El llamamiento a la calma frente a la tensión en la calle, las gestiones discretas con administraciones locales de otro signo político como el Ayuntamiento de Badalona, sin aprovechar la ocasión para trazar trincheras, y el ejercicio de las competencias, en este caso sociales, de la Generalitat en cooperación con municipios y entidades sociales para dar respuesta a una crisis, marcan el camino a seguir.