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Opinión | Violencia de género
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¿Por qué tenía visitas este padre?

Cuando una niña desaparece tras una denuncia de violencia machista, no estamos ante un fallo puntual: estamos ante un fracaso estructural

Amplio dispositivo policial para buscar a un padre que no devolvió a la madre a su hija de cinco años en El Prat de Llobregat

Imagen del padre y la hija, Gina, difundida por SOS Desaparecidos.

Imagen del padre y la hija, Gina, difundida por SOS Desaparecidos. / SOS Desaparecidos

Guarden la imagen de la fotografía porque esa pequeña se llama Gina. Tiene cuatro años y el pasado sábado su padre la tenía que haber devuelto al punto de encuentro. Pero no lo hizo. Está desaparecida y los Mossos la buscan. Y al lado, la imagen del padre. Facundo, argentino, con un régimen de visitas concertado por un juez. Gina vive con su madre en El Prat de Llobregat, quien tiene la custodia y esperó en ese punto de encuentro. Pasadas las horas, viendo que no devolvía a la pequeña, llamaron al móvil de él y ya ni respondió. Tiene el teléfono apagado.

Algunos familiares indican que él trabajó como camionero. Temen que ya haya salido con la niña del país. Hace una semana que su madre vive en una angustia constante. No es solo que la niña no haya sido devuelta, que ya es grave, es que ni siquiera él informa de dónde está y cómo está la pequeña. El tema es aún más delicado cuando sabemos que él tenía que estar en febrero ante la justicia. ¿Motivo? Denuncia por violencia de género de la madre, en 2023. Ella pidió una orden de alejamiento, pero el tribunal la negó. Desde entonces, él empezó a seguirla todos los días. La familia de ella asegura que fue un acoso y derribo brutal y tuvo que cambiarse de municipio. A pesar de todo, él seguía viendo a la pequeña Gina. El interés superior del menor parece caer en el olvido. Con estos antecedentes y tras comprobar que él ha sacado dinero de cuentas bancarias y ha vendido algunas posesiones, se habla de sustracción parental. ¿Por qué ese hombre, a puertas de un juicio, seguía viendo a su hija?

Parece que no es el único. Esta semana supimos que las suspensiones de regímenes de visitas entre hijos y padres maltratadores se han mantenido estancadas en los últimos cuatro años. Y eso a pesar de que está la Ley de Infancia y se modificó la Ley de Enjuiciamiento Criminal en 2021. Los jueces deberían impedir que los denunciados vean a sus hijos cuando haya una orden de protección de la madre. Por entonces, incluso la anterior fiscal de violencia de género, ahora fiscal general del Estado, Teresa Peramato, tuvo que advertir fiscales, jueces y abogados que no estaban interpretando bien las normas.

El problema es que demasiadas veces pasa lo mismo. El problema no es la ley. El problema es cómo se interpreta. El problema es cuando se prioriza el derecho del padre denunciado frente a la seguridad del menor. El problema es que se exige a las madres que demuestren el peligro cuando el peligro ya está denunciado. El problema es que hay puntos de encuentro que llaman “conflicto” a la violencia. El problema es que no se dan órdenes de alejamiento porque se minimiza el riesgo. Y así, ellos tienen alfombra roja por cada grieta que se deja abierta.

Cuando una niña desaparece tras una denuncia de violencia machista, no estamos ante un fallo puntual: estamos ante un fracaso estructural. Gina es un recordatorio de que hay que proteger a la infancia. Y de que más vale suspender visitas a tiempo que cuando sea demasiado tarde.

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