B9: un problema no se evapora

Después de más de dos años insistiendo en la necesidad de desalojar el asentamiento instalado en el antiguo Instituto Badalona 9, el consistorio presidido por Xavier García Albiol ha conseguido finalmente su objetivo. La orden judicial que en otras ocasiones se le denegó ha permitido la expulsión del edificio de unas 200 personas sin techo, las que aún permanecían allí de un colectivo que había llegado a rozar el medio millar. El cierre de este asentamiento era una reclamación de la mayoría de los vecinos del entorno, y que seguramente también sostendrían algunos de los que lamentan lo sucedido si tuviesen esa realidad frente a sus casas. Y había razones para ello, desde la inseguridad que generaban algunos grupos de los allí acogidos, incluyendo colectivos de funcionamiento que se podría calificar de mafioso, hasta las insalubres condiciones sanitarias y el riesgo de incendio por las instalaciones eléctricas improvisadas. Sin olvidar la legítima voluntad del ayuntamiento de disponer de un solar de propiedad municipal para darle un uso concreto, una comisaría de la policía local.

Con todo el desalojo no es solución alguna. Tampoco se puede considerar desde un punto de vista humano que dejar en la intemperie a dos centenares de personas cuando arranca el invierno es una situación que no tiene por qué requerir respuesta de la Administración. Ni se puede considerar que es un problema que le corresponda solucionar a las ciudades vecinas. Tras el desalojo, y el levantamiento por orden policial del campamento improvisado que se creó inmediatamente en la vía pública, ha sucedido lo previsible. El inicio de la dispersión de los allí acogidos en busca de otros locales que ocupar o, después de tirar la toalla ante el dispositivo policial, la resignación a dormir al raso en condiciones aún peores. El colectivo afectado por el conflicto del B9 son dos centenares de personas. A un tiro de piedra, en Barcelona, son más de 5.000 las personas sin hogar, unas 3.000 las acogidas en recursos de los servicios sociales, medio millar en asentamientos de barracas y tiendas de campaña y unas 2.000, según el último recuento, durmiendo al raso. Eso a pesar de un gasto anual de 51 millones de euros, que se quiere elevar a 60 millones

El alcalde de Badalona recuerda que cuando son tantas las necesidades habitacionales de familias con menores, que trabajan y contribuyen fiscalmente pero que ni de lejos llegan a poder costearse un techo digno, es imposible dar preferencia en el acceso a viviendas sociales a inmigrantes adultos sin papeles, como los alojados en el B9. Es imposible y, de ser planteable, constituiría una bomba social basada en el agravio difícil de contener. Tampoco los albergues de emergencia previstos para crisis meteorológicas o situaciones urgentes e imprevisibles, como los que Barcelona ha decidido no poner a disposición de Badalona, son la solución. Dar techo a colectivos alojados en asentamientos informales requiere recursos de albergue adaptados a su realidad, provisionales como provisional ha de ser su situación, pero dignos, en todas y cada una de las ciudades y barrios afectados. Pero eso pasa por reconocer tanto el problema como la imposibilidad de solucionarlo de forma plenamente satisfactoria, en lugar de ignorarlo. Desplazar una y otra vez una población flotante, esperando que acabe ante las puertas de otro, no arregla nada, ni para los desalojados ni para los vecinos de los barrios que acaban viviendo casos similares. Una tentación a la que, no obstante, de forma abierta o disimulada, cruda o con cortinas de humo, Administraciones de distinto signo se han acogido una y otra vez.