No basta con una explicación

Los casos abiertos por la justicia contra cargos públicos del PSOE y personas de confianza del partido son de tal magnitud que el presidente del Gobierno debe a la opinión pública algo más que una explicación. Sumados a los conocidos episodios de acoso sexual de cargos socialistas que también han estallado en los últimos días, estos casos han colocado al secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, en la situación más comprometida que haya conocido desde que llegó al poder, en junio de 2018. La detención de Antxon Alonso, socio de Santos Cerdán en la empresa Servinabar 2000, que este había creado para, presuntamente, blanquear fondos procedentes de comisiones cobradas tras el amaño de contratos públicos, constituye no solo un dato más en la información que la UCO ha puesto al servicio de la justicia, sino que podría confirmar la existencia de una trama criminal dedicada a prevaricar, malversar y traficar con influencias. La existencia de esta trama vendría confirmada, también, por la detención de Vicente Fernández, expresidente de la SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales) y la práctica de al menos 19 registros por parte de la UCO en empresas públicas, en Madrid, Sevilla y Zaragoza. Por si fuera poco, otra detención, la de la exmilitante del PSOE Leire Díez, que podría estar vinculada a contratos públicos bajo sospecha, acaba de configurar la percepción de una trama encabezada por Santos Cerdán, exsecretario de organización del PSOE.

De confirmarse la participación de todos ellos en los cargos que se les imputan, resulta poco creíble abordar esta situación desde la perspectiva de las 'manzanas podridas' con la que Sánchez ha tratado el tema desde el estallido del caso Koldo. La decisión del Tribunal Supremo de convocar a juicio oral a José Luis Ábalos, exministro de Transportes y también exsecretario de organización del PSOE, y a Koldo García completa un asedio judicial que obliga al presidente del Gobierno y líder del PSOE a dar explicaciones públicas, por supuesto, pero sobre todo a adoptar drásticas decisiones relacionadas con la corrupción en su partido y en áreas de sus gobiernos. La oposición ha pedido dimisiones, algo que dependerá de los acuerdos que Sánchez tiene con sus socios de investidura. En cualquier caso, lo que resultaría inaceptable seria que la respuesta del Gobierno y la del PSOE fuera la misma que hasta ahora: seguir sosteniendo que la justicia debe seguir su curso y que, mientras tanto, hay legislatura hasta 2027. Gobernar bajo semejante sospecha de una corrupción que rebasa el ámbito estrictamente individual es no solo imposible sino indeseable.

Pedro Sánchez, que ayer no acudió al Congreso de los Diputados y solicitó el voto telemático, debe comparecer cuanto antes y explicar claramente cómo piensa abordar una situación tan grave que tiene numerosas derivadas, algunas de ellas en Andalucía, donde lo ocurrido puede afectar a la candidatura de la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, a la presidencia de la Junta de Andalucía, tras ser la valedora del fichaje de Fernández al frente de la SEPI. En estas circunstancias, el Gobierno queda en una situación de debilidad que no es buena, ni para el PSOE, ni para el país.