Una gestión transparente

La crisis de la peste porcina africana (PPA) llegó ayer al Parlament a través de la comparecencia de los consellers de Agricultura y de Interior para dar cuenta tanto de las acciones llevadas a cabo hasta ahora por la Generalitat como de los datos y las investigaciones sobre el origen del brote. Después de 31 años sin casos de PPA en España, la reaparición inesperada del virus en el entorno de la Universitat Autònoma de Barcelona, en Cerdanyola del Vallès y en Collserola se ha convertido en un asunto de Estado, puesto que amenaza a un sector clave de la economía. Recordemos que las exportaciones de cerdos suponen cerca de 3.000 millones de euros en Catalunya, siendo España la segunda potencia exportadora mundial.

En el tema de la PPA se cruzan diversos factores y problemas que afectan a la viabilidad presente y futura de un tejido industrial que, en los últimos años, ha llegado a presentar unas cifras cada vez más altas de explotación intensiva. Están en juego, pues, miles de puestos de trabajo en toda la cadena de comercialización: desde los mataderos a los transportistas, pasando por los minoristas y el entramado que sustenta una producción y exportación tan elevadas. El principal objetivo del Govern, en colaboración con la administración central, es que los 13 casos comprobados de infección en jabalís no vayan a más y que, en consecuencia, el virus quede restringido y sin afectación a las granjas. El reto no es sencillo y precisa tanto de una acción inmediata sobre el terreno, como se ha encargado de recalcar la consellera Parlon, como de una concienciación ciudadana para evitar cualquier propagación. Asimismo, al tratarse esencialmente de un asunto de orden económico, el segundo objetivo primordial es preservar en lo posible la viabilidad de las granjas, del sector porcino en general y de los puestos de trabajo. Las ayudas previstas y las líneas de crédito anunciadas en la comparecencia han de servir para paliar las pérdidas por el descenso del precio en el interior y por las trabas ya perceptibles en la exportación.

Otro de los puntos a tener en cuenta es el origen del brote y, en paralelo, la reducción de la población de jabalís. Hoy por hoy, no se descarta ninguna hipótesis, si bien parece probable que se deba a una intervención humana, ya sea con carne infectada procedente del exterior o a partir de la mala gestión o de la fuga accidental del virus, por deficiencias técnicas en un laboratorio. Al estar hipotéticamente implicado, por proximidad, el centro oficial IRTA-Cresa (Centre de Recerca en Sanitat Animal), la auditoría encargada por la Generalitat debe ser transparente y concluyente, aun siendo conscientes de la dificultad del cometido.

Es justo la transparencia en la gestión de la crisis lo que el conseller Òscar Ordeig ha indicado como una responsabilidad necesaria. Las reacciones del resto de fuerzas del Parlament han evidenciado que el brote de PPA ha servido para ahondar en planteamientos de confrontación política, desde la reflexión sobre el sector ganadero intensivo a las críticas a la gestión con los cazadores o la preservación de la biodiversidad. Más allá de las tesituras partidistas, lo más urgente es un frente común para ser capaces de poner coto a la posible expansión del patógeno. Ya habrá tiempo de otras disquisiciones.